El Ministerio de Sanidad quiere establecer seis grandes medidas para ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad española. Una de ellas, la más impopular ?el pago de los fármacos en función de la renta- sólo permitirá un ahorro de 1.000 millones de euros anuales, y aún así el Gobierno quiere sacarla adelante porque entiende que sin ella el resto de los objetivos no serían alcanzables.
Ana Mato compareció ayer tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud rodeada de prácticamente todos los consejeros autonómicos, una foto que muestra el alto grado de consenso que reina en las comunidades autónomas que respaldan el plan de austeridad del Ministerio, aunque con matices, como se encargó de apostillar el consejo del País Vasco Rafael Bengoa para quien el copago 'no es la solución'.
El nuevo sistema que quiere implantar Sanidad obligará al pago de las medicinas en función de las rentas, pero a cambio mantiene la gratuidad del resto del sistema: asistencia ambulatoria, asistencia hospitalaria, servicios de urgencias, etc. El acento se ha puesto en el gasto farmacéutico donde Ana Mato centró su atención durante su comparecencia ante la prensa explicando las cifras de despilfarro por el mal uso de los recursos: 'cada año se tiran 3.700 toneladas de fármacos, algunos envases ni siquiera se abren, valorados en 1.000 millones de euros'.
El nuevo sistema de pago de medicinas establece categorías en función de la renta, la edad y la actividad. Así, quedan exentos del pago aquellos que reciben pensiones no contributivas, personas con rentas de integración y los parados sin prestación por desempleo hasta que encuentren trabajo.
LOS PENSIONISTAS
En el caso de los pensionistas tendrán que asumir una parte del coste farmacéutico, ocho euros al mes como máximo, los que tienen una renta por debajo de los 18.000 euros anuales. La cantidad subirá a un máximo mensual de 18 euros cuando el enfermo supere los 18.000 euros anuales. Mato explicó que 'no es una medida recaudatoria', ya que si buscaran ingresos gravarían con 1 euro cada receta, sin discriminar renta e ingresos de los ciudadanos, una posibilidad que consideró más injusta.
En el caso de las personas en activo, que hasta ahora pagaban el 40% de cada receta, este porcentaje se mantiene igual si el usuario tiene unos ingresos menores a 18.000 euros. Si tiene ingresos superiores pagará el 50% del coste del fármaco. La ministra insistió en que el objetivo es imponer un modelo 'más justo' que tenga en cuenta la renta y que 'aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen'.
Los ciudadanos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40% de los fármacos al 60%. En el caso de que sean pensionistas no pagarán más de 60 euros al mes.
El grueso del ahorro en fármacos vendrá del uso de genéricos, unos 3.000 millones. Otros 1.000 millones proceden de la eliminación del denominado 'turismo sanitario', para lo que ya se han puesto en marcha las medidas oportunas. Se pretende ahorrar 1.000 millones con la puesta en marcha de una central de compras de medicinas. Finalmente, el Ministerio impulsará el ahorro con una cartera básica de servicios que asegure que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de donde vivan. Finalmente, se tomarán medidas en cuanto a los recursos humanos, con mayor movilidad, y con creación de hospitales de alta especialización.
El nuevo sistema que quiere implantar Sanidad obligará al pago de las medicinas en función de las rentas, pero a cambio mantiene la gratuidad del resto del sistema: asistencia ambulatoria, asistencia hospitalaria, servicios de urgencias, etc. El acento se ha puesto en el gasto farmacéutico donde Ana Mato centró su atención durante su comparecencia ante la prensa explicando las cifras de despilfarro por el mal uso de los recursos: 'cada año se tiran 3.700 toneladas de fármacos, algunos envases ni siquiera se abren, valorados en 1.000 millones de euros'.
El nuevo sistema de pago de medicinas establece categorías en función de la renta, la edad y la actividad. Así, quedan exentos del pago aquellos que reciben pensiones no contributivas, personas con rentas de integración y los parados sin prestación por desempleo hasta que encuentren trabajo.
LOS PENSIONISTAS
En el caso de los pensionistas tendrán que asumir una parte del coste farmacéutico, ocho euros al mes como máximo, los que tienen una renta por debajo de los 18.000 euros anuales. La cantidad subirá a un máximo mensual de 18 euros cuando el enfermo supere los 18.000 euros anuales. Mato explicó que 'no es una medida recaudatoria', ya que si buscaran ingresos gravarían con 1 euro cada receta, sin discriminar renta e ingresos de los ciudadanos, una posibilidad que consideró más injusta.
En el caso de las personas en activo, que hasta ahora pagaban el 40% de cada receta, este porcentaje se mantiene igual si el usuario tiene unos ingresos menores a 18.000 euros. Si tiene ingresos superiores pagará el 50% del coste del fármaco. La ministra insistió en que el objetivo es imponer un modelo 'más justo' que tenga en cuenta la renta y que 'aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen'.
Los ciudadanos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40% de los fármacos al 60%. En el caso de que sean pensionistas no pagarán más de 60 euros al mes.
El grueso del ahorro en fármacos vendrá del uso de genéricos, unos 3.000 millones. Otros 1.000 millones proceden de la eliminación del denominado 'turismo sanitario', para lo que ya se han puesto en marcha las medidas oportunas. Se pretende ahorrar 1.000 millones con la puesta en marcha de una central de compras de medicinas. Finalmente, el Ministerio impulsará el ahorro con una cartera básica de servicios que asegure que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de donde vivan. Finalmente, se tomarán medidas en cuanto a los recursos humanos, con mayor movilidad, y con creación de hospitales de alta especialización.
