El juez instructor del caso Nóos, José Castro, se dirigió ayer a las partes personadas en el proceso para pedirles que se pronuncien sobre si creen que debe citar a la infanta Cristina para que declare como imputada por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En una providencia dictada ayer, el magistrado concede cinco días de plazo y solicita a las partes que 'hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de doña Cristina de Borbón para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales'.
El juez dictó esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas de las diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación y que trasladadó ayer a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas en el caso.
Castro trasladó en las últimas semanas varios informes de la Agencia Tributaria y la Policía sobre el papel de la hija menor del rey en la empresa Aizoon, de la que era copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente formaba parte del entramado societario utilizado para justificar fondos fruto de presuntos desvíos de dinero público al Instituto Nóos.
El juez ya imputó y llamó a declarar a la infanta en abril, pero su citación quedó entonces en suspenso. En ese auto, la Audiencia apuntaba nuevas líneas de investigación y, desde entonces, Castro ordenó numerosas diligencias sobre las declaraciones de impuestos de la infanta, así como sobre los gastos de Aizoon.
El juez dictó esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas de las diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación y que trasladadó ayer a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas en el caso.
Castro trasladó en las últimas semanas varios informes de la Agencia Tributaria y la Policía sobre el papel de la hija menor del rey en la empresa Aizoon, de la que era copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente formaba parte del entramado societario utilizado para justificar fondos fruto de presuntos desvíos de dinero público al Instituto Nóos.
El juez ya imputó y llamó a declarar a la infanta en abril, pero su citación quedó entonces en suspenso. En ese auto, la Audiencia apuntaba nuevas líneas de investigación y, desde entonces, Castro ordenó numerosas diligencias sobre las declaraciones de impuestos de la infanta, así como sobre los gastos de Aizoon.
