El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Acción y del Servicio Exterior que ordenará y coordinará la labor de instituciones y administraciones en el extranjero, con el objetivo de una política 'única' y que contará, según el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, con el apoyo de las autonomías.
Después de cuatro intentos frustrados, esta es la primera ley de acción exterior de la democracia que ve la luz. Ahora será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, cuya redacción se ha encargado al Real Instituto Elcano.
'Se trata de que tengamos una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura', resumió el jefe de la diplomacia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta norma persigue que la política 'sea única y no un sumatorio de actuaciones', ha dicho García-Margallo.
Esta norma ha recibido las críticas de algunas comunidades autónomas, entre ellas de Cataluña, que quieren tener encaje en la política exterior de España. Sin embargo, el ministro recordó que se ha reunido con prácticamente todas las autonomías y 'por supuesto' con Cataluña, Galicia y País Vasco para explicar el enfoque de la ley, que obliga a los gobiernos autonómicos a informar al Ejecutivo central de sus viajes y de la apertura de oficinas en el extranjero. 'Estoy seguro de que nos vamos a entender', señaló García-Margallo, quien defendió la necesidad de actuar 'todos juntos de forma armónica y recreando sinergias' porque 'es bueno para todos, para el Estado'. El objetivo de regular esos viajes y visitas al exterior persigue, según el proyecto de ley, que el Gobierno facilite apoyo en su ejecución y emitir 'recomendaciones' acerca de la adecuación de esas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la política exterior española.
También reconoce no sólo la capacidad de las comunidades para establecer oficinas en el exterior, sino que además las anima a integrarse en los locales del Servicio Exterior del Estado como medida 'para coadyuvar a la mayor austeridad en el gasto público'. En este sentido, subrayó que de los mensajes que le han trasladado desde la Generalitat entiende que esta ley 'no debe suponer ningún aumento de la conflictividad'.
Los objetivos de la ley son una mayor coordinación entre los distintos sujetos, el refuerzo de los procesos colegiados de toma de decisiones, un uso eficiente de los recursos evitando duplicidades y fomentando ahorros en un contexto de 'perspectivas financieras difíciles', explicó.
'Se trata de que tengamos una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura', resumió el jefe de la diplomacia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta norma persigue que la política 'sea única y no un sumatorio de actuaciones', ha dicho García-Margallo.
Esta norma ha recibido las críticas de algunas comunidades autónomas, entre ellas de Cataluña, que quieren tener encaje en la política exterior de España. Sin embargo, el ministro recordó que se ha reunido con prácticamente todas las autonomías y 'por supuesto' con Cataluña, Galicia y País Vasco para explicar el enfoque de la ley, que obliga a los gobiernos autonómicos a informar al Ejecutivo central de sus viajes y de la apertura de oficinas en el extranjero. 'Estoy seguro de que nos vamos a entender', señaló García-Margallo, quien defendió la necesidad de actuar 'todos juntos de forma armónica y recreando sinergias' porque 'es bueno para todos, para el Estado'. El objetivo de regular esos viajes y visitas al exterior persigue, según el proyecto de ley, que el Gobierno facilite apoyo en su ejecución y emitir 'recomendaciones' acerca de la adecuación de esas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la política exterior española.
También reconoce no sólo la capacidad de las comunidades para establecer oficinas en el exterior, sino que además las anima a integrarse en los locales del Servicio Exterior del Estado como medida 'para coadyuvar a la mayor austeridad en el gasto público'. En este sentido, subrayó que de los mensajes que le han trasladado desde la Generalitat entiende que esta ley 'no debe suponer ningún aumento de la conflictividad'.
Los objetivos de la ley son una mayor coordinación entre los distintos sujetos, el refuerzo de los procesos colegiados de toma de decisiones, un uso eficiente de los recursos evitando duplicidades y fomentando ahorros en un contexto de 'perspectivas financieras difíciles', explicó.
