Asociaciones y ciudadanos volvieron a salir a la calle ayer para parar desahucios y seguir presionando para cambiar las normas hipotecarias, con el apoyo de varias instituciones locales ante el drama de algunas familias.
Tras el suicidio de una mujer en Barakaldo el pasado viernes cuando iban a notificarle un desahucio, la presión social ha continuado en algunas ciudades, como Madrid, Málaga y Valencia, con acciones para ayudar a los afectados que consiguen frenar la expulsión de algunos vecinos de sus casas.
Hasta tres desahucios programados para este lunes lograron frenar en la capital la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), llegando incluso en un caso a pactar con Bankia para que la familia pueda seguir en su domicilio pagando un alquiler social. Un grupo de esta asociación y vecinos del barrio consiguieron suspender un desalojo en la zona de Cuatro Caminos, a donde no acudió la Policía Nacional, según fuentes de la PAH, y solo había agentes municipales, aunque no se percició presión por su parte contra las protestas para evitar esta situación.
Una mujer acudió a pedir ayuda en ese momento porque al mediodía iba a ser desahuciada con su familia en esa misma zona de Madrid. Finalmente, lograron también que quedara suspendida esta decisión.
También ayer, un centenar de personas decidieron concentrarse frente a la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, para protestar con gritos, silbatos y cacerolas y exigir una solución a esta situación 'insostenible'. 'No son suicidios, son homicidios' y 'Tenemos la solución, los banqueros a prisión', fueron algunas de la consignas lanzadas de los convocados, bajo la vigilancia de un grupo de policías antidisturbios.
Desde el País Vasco se trasladó a Madrid un grupo de Stop Desahucios para denunciar, según dijo María Uriarte, una de sus integrantes, que 'no es suficiente una moratoria de dos años solo en caso de extrema necesidad'. 'Ya conocemos esa ambigüedad y queremos que de verdad se solucione el problema', añadió.
En Valencia también cerca de un centenar de personas se unieron en el barrio de Orriols para evitar el desalojo de Juan y Engracia, un matrimonio en paro con una hija de 5 años y que había recibido una comunicación del banco tras retrasar el pago de su hipoteca 'cinco o seis meses' y acumular una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros. Este desalojo fue suspendido a petición del propio banco SabadellCAM, que trasladó a los afectados que paraliza el proceso 'sin fecha' futura de ejecución.
En Málaga fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el que protagonizó una manifestación ante la delegación de Hacienda para apoyar a un agente al que le comunicaron que subastan su vivienda.
La responsable provincial del Ministerio le garantizó después que no se ejecutará hasta pasados diez meses o un año tras comunicarle esta subasta la semana pasada al policía, cuya esposa tiene una minusvalía superior al 55 por ciento y dos hijos en edad escolar.
Hasta tres desahucios programados para este lunes lograron frenar en la capital la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), llegando incluso en un caso a pactar con Bankia para que la familia pueda seguir en su domicilio pagando un alquiler social. Un grupo de esta asociación y vecinos del barrio consiguieron suspender un desalojo en la zona de Cuatro Caminos, a donde no acudió la Policía Nacional, según fuentes de la PAH, y solo había agentes municipales, aunque no se percició presión por su parte contra las protestas para evitar esta situación.
Una mujer acudió a pedir ayuda en ese momento porque al mediodía iba a ser desahuciada con su familia en esa misma zona de Madrid. Finalmente, lograron también que quedara suspendida esta decisión.
También ayer, un centenar de personas decidieron concentrarse frente a la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, para protestar con gritos, silbatos y cacerolas y exigir una solución a esta situación 'insostenible'. 'No son suicidios, son homicidios' y 'Tenemos la solución, los banqueros a prisión', fueron algunas de la consignas lanzadas de los convocados, bajo la vigilancia de un grupo de policías antidisturbios.
Desde el País Vasco se trasladó a Madrid un grupo de Stop Desahucios para denunciar, según dijo María Uriarte, una de sus integrantes, que 'no es suficiente una moratoria de dos años solo en caso de extrema necesidad'. 'Ya conocemos esa ambigüedad y queremos que de verdad se solucione el problema', añadió.
En Valencia también cerca de un centenar de personas se unieron en el barrio de Orriols para evitar el desalojo de Juan y Engracia, un matrimonio en paro con una hija de 5 años y que había recibido una comunicación del banco tras retrasar el pago de su hipoteca 'cinco o seis meses' y acumular una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros. Este desalojo fue suspendido a petición del propio banco SabadellCAM, que trasladó a los afectados que paraliza el proceso 'sin fecha' futura de ejecución.
En Málaga fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el que protagonizó una manifestación ante la delegación de Hacienda para apoyar a un agente al que le comunicaron que subastan su vivienda.
La responsable provincial del Ministerio le garantizó después que no se ejecutará hasta pasados diez meses o un año tras comunicarle esta subasta la semana pasada al policía, cuya esposa tiene una minusvalía superior al 55 por ciento y dos hijos en edad escolar.
