El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero afirmó ante la juez que investiga los ERE irregulares que 'nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas'. Guerrero, principal imputado por los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya, compareció ayer ante ella en sesiones de mañana y tarde y aseguró que las presuntas irregularidades en las ayudas sin control eran conocidas por los sucesivos consejeros de Empleo, por toda la Junta de Andalucía y que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen.
'Toda la Junta lo conocía, el consejo de Gobierno y el presidente (en referencia a Manuel Chaves) conocían el sistema porque era un dato objetivo', dijo Guerrero en una de sus respuestas, según afirmaron a los periodistas abogados personados en la causa. También señalaron que los expedientes que él elaboró estaban completos, 'y si ahora no lo están es porque alguien los ha destruido', momento en el que la juez le pidió que identifique a quien haya podido ordenarlo y el imputado manifestó que 'su hipótesis es que han sido el consejero o viceconsejero' de Empleo.
Guerrero, según el medio centenar de abogados presentes, se muestró tranquilo en su declaración y sólo negó enfáticamente con la cabeza cuando la juez Alaya, al comienzo del interrogatorio, le leyó los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral, según lo manifestado por su chófer a la Policía.
MANTENER LA PAZ SOCIAL
Respecto al convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas, afirmó que a él no le gustaba porque era 'discrecional' y 'le hubiera gustado una orden o decreto para que pudiera llegar a más gente'. Guerrero aseguró que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y así Gaspar Zarrias se interesaba por las de Jaén, Isaías Pérez Saldaña por las de Huelva y Jose Antonio Viera por las de Sevilla. En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, declaró que 'se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel' porque el principal objetivo era 'mantener la paz social'.
La juez Alaya imputó a Guerrero presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad: dos en documento oficial y uno en documento mercantil. La juez dedicó la sesión de tarde a preguntar por algunos del medio centenar de imputados hasta ahora y Guerrero respondió que él no incluyó a ningún 'intruso' en los ERE, y que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, no le presionó para que introdujera a dos concuñados suyos en otras tantas compañías.
En respuesta a otra pregunta, afirmó que el Gabinete del presidente de la Junta, que entonces era Chaves, le pidió 'solucionar sí o sí' el problema de la empresa cordobesa Bilore. Explicó que recibió un documento donde le ordenaban solucionar el conflicto de esa empresa de Lucena porque Chaves iba a celebrar allí un acto político.
Guerrero, según el medio centenar de abogados presentes, se muestró tranquilo en su declaración y sólo negó enfáticamente con la cabeza cuando la juez Alaya, al comienzo del interrogatorio, le leyó los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral, según lo manifestado por su chófer a la Policía.
MANTENER LA PAZ SOCIAL
Respecto al convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas, afirmó que a él no le gustaba porque era 'discrecional' y 'le hubiera gustado una orden o decreto para que pudiera llegar a más gente'. Guerrero aseguró que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y así Gaspar Zarrias se interesaba por las de Jaén, Isaías Pérez Saldaña por las de Huelva y Jose Antonio Viera por las de Sevilla. En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, declaró que 'se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel' porque el principal objetivo era 'mantener la paz social'.
La juez Alaya imputó a Guerrero presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad: dos en documento oficial y uno en documento mercantil. La juez dedicó la sesión de tarde a preguntar por algunos del medio centenar de imputados hasta ahora y Guerrero respondió que él no incluyó a ningún 'intruso' en los ERE, y que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, no le presionó para que introdujera a dos concuñados suyos en otras tantas compañías.
En respuesta a otra pregunta, afirmó que el Gabinete del presidente de la Junta, que entonces era Chaves, le pidió 'solucionar sí o sí' el problema de la empresa cordobesa Bilore. Explicó que recibió un documento donde le ordenaban solucionar el conflicto de esa empresa de Lucena porque Chaves iba a celebrar allí un acto político.
