El tribunal de la Audiencia Nacional que iba a juzgar a los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) en 2002, en el que murieron dos personas, ha suspendido la vista ya que uno de los presos no ha podido ser trasladado.
El presidente de la sala, Ángel Hurtado, ha comunicado en audiencia pública que se ha producido 'una incidencia que ha impedido el traslado' de Zelarain desde la prisión de Alcalá-Meco hasta la sede de la Audiencia Nacional a la hora prevista para la celebración del juicio -las 10:30 horas-.
En concreto, ha surgido un problema en el furgón policial que debía trasladar al terrorista, por lo que el acusado no hubiera llegado al tribunal hasta la una de la tarde aproximadamente.
Al ser un 'juicio de una envergadura suficientemente larga como para terminar hoy', el magistrado ha considerado que la 'mejor solución' es suspender la vista para 'que se desarrolle por completo de principio a fin'.
Hurtado ha ofrecido esta opción a las partes personadas en la causa y ninguna de ellas se ha opuesto, si bien, el abogado de la acusación particular ejercida por los padres de la niña de 6 años fallecida en el atentado y otras víctimas ha reclamado a la sala que señale la fecha de celebración del juicio 'lo antes posible'.
En el momento en el que los agentes se llevaban a Otegi de la sala, varios de los asistentes que han venido a acompañar a las víctimas, han gritado al terrorista y le han increpado diciendo: 'Cerdo, míranos, estamos aquí'.
A la salida de la Audiencia Nacional, los padres de la niña asesinada han abandonado la sede judicial abrazados y llorando y arropados por miembros de varios colectivos de víctimas del terrorismo.
El tribunal, integrado también por los magistrados Julio de Diego (ponente) y José Ricardo de Prada, tiene previsto señalar la fecha de inicio del juicio para el próximo mes de enero.
La Fiscalía reclama para cada uno de los etarras 1.180 años de cárcel al considerarlos autores de un delito de estragos terroristas, dos de asesinato terrorista y 55 de asesinato terrorista en grado de tentativa.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que sobre las 20:15 horas del 4 de agosto de 2002 Zelarain y Otegi, que formaban parte del comando 'Argala' de ETA, 'explosionaron un coche-bomba que habían estacionado junto a la valla del acuartelamiento (...) con intención de matar a cuantas personas se encontrasen en su interior'.
El Ministerio Público destaca que 'el vehículo fue instalado sin previo aviso al objeto de lograr el mayor número posible de víctimas y a una hora en la que presumían que los agentes residentes en las viviendas de la casa cuartel se encontrasen cenando y, por tanto, lograr así la mayor lesividad posible'.
La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez, de 6 años, hija de un miembro de la Guardia Civil que vivía en el cuartel, y del jubilado Cecilio Gallego, de 57 años, que se encontraba en una calle contigua al edificio esperando el autobús.
Además, otras 55 personas resultaron heridas de diversa consideración y hubo cuantiosos daños materiales, especialmente en el acuartelamiento, cuya reconstrucción costó más de seis millones de euros.
