El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer mantener la suspensión del euro por receta en Madrid decretada el pasado 29 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal optó por mantener la suspensión de la medida después de que hace un par de semanas tomara una decisión similar sobre el euro por receta de Cataluña. De hecho, según argumentan, 'no hay razones que justifiquen una conclusión distinta' a la alcanzada en relación a la tasa establecida por la Generalitat.
Para ello, dio por válidos los argumentos presentados por el Abogado del Estado para pedir la suspensión de la tasa en Madrid, implantada el pasado 1 de enero, al entender que la medida afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Además, defendía que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa, 'puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades', puesto que se suma al copago estatal.
En este sentido, el TC mantiene que 'los intereses generales y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles'.
De igual modo, considera 'virtualmente imposible' la posible devolución de las tasas cobradas en caso de que la medida se restituyera y finalmente fuera declarada inconstitucional.
Para ello, dio por válidos los argumentos presentados por el Abogado del Estado para pedir la suspensión de la tasa en Madrid, implantada el pasado 1 de enero, al entender que la medida afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Además, defendía que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa, 'puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades', puesto que se suma al copago estatal.
En este sentido, el TC mantiene que 'los intereses generales y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles'.
De igual modo, considera 'virtualmente imposible' la posible devolución de las tasas cobradas en caso de que la medida se restituyera y finalmente fuera declarada inconstitucional.
