La defensa de Iñaki Urdangarin interpuso un recurso de reforma contra el auto del juez del caso Nóos en el que solicitaba a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta del duque de Palma y de la infanta Cristina.
El magistrado del caso, José Castro, dictó ayer un auto en el que tiene por interpuesto dicho recurso de reforma, según fuentes jurídicas. Castro solicitó las últimas declaraciones de los duques el pasado día 18. En su solicitud, alegaba que el auto por el que imputó a la hija del rey tiene 'plena vigencia' de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la encausada. De este modo, atendía a la última petición formulada por el sindicato Manos Limpias, dirigida a que se aporte testimonio al caso Nóos de las diez últimas declaraciones del impuesto sobre la renta de los duques.
Además el juez ha solicitado hoy al Registro Mercantil de Barcelona información sobre los asientos y documentos que contenga el libro de depósito de cuentas acerca de la empresa Aizoon, la inmobiliaria que es propiedad al 50% de Urdangarin y la infanta Cristina, desde que se constituyó hasta la actualidad.
En el mismo auto, el juez acepta la personación como acusación particular colectiva de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV, en su doble condición de representantes de una parte de los ciudadanos afectados por el presunto mal uso de caudales públicos y por estar obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la corporación.
Por otra parte, el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, remitió un escrito con nueva documentación al juez del caso Nóos en el que explica que el duque recurrió a las 'muy buenas relaciones' de la Casa Real con el presidente de México, Felipe Calderón, para buscar negocios en dicho país.
Entre los documentos, se encuentra un informe sobre Oportunidades de negocio en México, que Urdangarin envió el 7 de marzo de 2008 a Eugenio Calabuig, presidente de Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), que acabó pagando al yerno del rey 375.000 euros por la búsqueda de inversiones. En el informe señala como negocios de interés los proyectos de agua pública, desarrollos turísticos y energía eólica.
Además el juez ha solicitado hoy al Registro Mercantil de Barcelona información sobre los asientos y documentos que contenga el libro de depósito de cuentas acerca de la empresa Aizoon, la inmobiliaria que es propiedad al 50% de Urdangarin y la infanta Cristina, desde que se constituyó hasta la actualidad.
En el mismo auto, el juez acepta la personación como acusación particular colectiva de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV, en su doble condición de representantes de una parte de los ciudadanos afectados por el presunto mal uso de caudales públicos y por estar obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la corporación.
Por otra parte, el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, remitió un escrito con nueva documentación al juez del caso Nóos en el que explica que el duque recurrió a las 'muy buenas relaciones' de la Casa Real con el presidente de México, Felipe Calderón, para buscar negocios en dicho país.
Entre los documentos, se encuentra un informe sobre Oportunidades de negocio en México, que Urdangarin envió el 7 de marzo de 2008 a Eugenio Calabuig, presidente de Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), que acabó pagando al yerno del rey 375.000 euros por la búsqueda de inversiones. En el informe señala como negocios de interés los proyectos de agua pública, desarrollos turísticos y energía eólica.
