La cuantificación de la economía sumergida en España es un cálculo que se viene haciendo hace años, aunque no hay estimaciones oficiales recientes de su magnitud.
La Fundación para las Cajas de Ahorros (FUNCAS) publicó un documento de trabajo en el que junto a los profesores Santiago Lago (Universidad de Vigo) y Xoaquín Fernández Leiceaga (Universidad de Santiago de Compostela) analizábamos la problemática del fraude fiscal y la economía sumergida en España. La cuantificación de la economía sumergida en España es un cálculo que se viene haciendo hace años, aunque no hay estimaciones oficiales recientes de su magnitud. Este análisis se hacía por parte del Instituto de Estudios Fiscales (organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). El último ejercicio de cuantificación, en 2003, estimaba el peso de la economía sumergida en el 21% del Producto Interior Bruto (PIB).
En el informe Tax Research UK(2012) se señalaba que el peso de la economía sumergida en España era del 22,5% del PIB. En FUNCAS (2011) se señalaba que su magnitud suponía el 23,7% del PIB y, además, que cerca de 4 millones de personas tenían un empleo no declarado. A partir de los informes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) se obtiene como el peso de la economía sumergida respeto al PIB en España en 2012 era del 24,6%.
En el Estudio paneuropeo sobre la economía sumergida(2012) se indicaba como el peso de la economía sumergida en España era notablemente superior en relación a Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda. El monto global estimado de economía sumergida para España se situaba en 201.300 millones de euros, focalizándose en actividades inmobiliarias, construcción, industria, comercio y restauración. El informe señalaba, como principales responsables del peso de la economía sumergida, el elevado nivel impositivo y la complejidad del sistema fiscal. Además, se señalaba que España dedica pocos recursos a combatir la economía sumergida y que en nuestro país circulan el 16% de los billetes de 500 euros de toda la UE.
Es necesario preguntarse qué factores condicionan la economía sumergida en España. Algunos estudios sostienen que la existencia de la economía sumergida en nuestro país se debe, especialmente, a una sobrerregulación laboral. También se suele señalar como causa el elevado nivel de imposición.Finalmente, se incluyen variables subjetivas como la aceptación social de prácticas no declaradas, que puede incentivar la economía irregular.
Una de las consecuencias de la economía sumergida es el fraude fiscal.Al igual que sucedía con la economía sumergida, para combatirlo es imprescindible conocer su dimensión. Sin embargo, tampoco hay, en la última década, estudios oficiales de su relevancia económica, lo que resulta cuanto menos paradójico. Lo anterior no debería ser así, si se tiene en cuenta la elevada recaudación que se deja de ingresar por el fraude fiscal.
El sistema fiscal español se basa, entre otros principios, en el de la capacidad de pago (quién demuestre más capacidad de contribuir, debe aportar más al erario público). En consecuencia, aquellos individuos que tienen más capacidad fiscal, deberían soportar un mayor esfuerzo.
Por lo tanto, si hay fraude fiscal se generan importantes efectos distorsionadores en relación a la equidad, progresividad impositiva y redistribución de la renta y riqueza. Además, como hay que soportar el coste de los servicios y prestaciones públicas,si algunos contribuyentes no satisfacen correctamente sus obligaciones fiscales, el resto deberán no solo soportar su propia carga fiscal, sino que también deberán ingresar la parte no recaudada por aquellos que comenten fraude fiscal. Además, resulta bastante probable que, debido a la rémora que supone el fraude fiscal, se vean reducidas las prestaciones públicas.
Nuestro país tiene un problema de “conciencia fiscal”. Precisamente, en los últimos años se ha tratado de profundizar en el estudio de las variables subjetivas que pueden justificar el elevado fraude fiscal. Así, según el estudio “Opinión pública y política fiscal” (2011) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 75% de los españoles no defrauda más por miedo a una declaración paralela de la Administración Tributaria.
Además, el 55% de los encuestados sostiene que se pagan muchos impuestos y el 27% mantenía que en España se pagan más impuestos que el resto de la UE. Además, el 75% de los entrevistados señala que la Administración Tributaria realiza pocos o muy pocos esfuerzos para combatir el fraude fiscal. No es de extrañar, que el 37% de los encuestados haya señalado que el riesgo de ser descubierto y sancionado es muy bajo. Esto puede generar cierto pesimismo sobre las posibilidades de erradicación del fraude fiscal, convirtiendo este problema en algo de naturaleza estructural. Además, la crisis económica ha acentuado esta problemática.
En el CIS de julio de 2013 se indica cómo el 95% de los encuestados creen que en España existe bastante o mucho fraude. El hecho de que en España haya 1.928 contribuyentes por cada trabajador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), frente a los 860 de Francia o los 730 de Alemania refleja el reducido nivel de efectivos para combatir el fraude fiscal.
Lo anterior choca con la importancia del fraude fiscal en nuestro país, que según estimaciones del Consejo Económico y Social del Reino de España (2013) podría suponer el 6% del PIB. Otras aproximaciones tratan de calcular la incidencia de la recaudación por la economía sumergida a partir de las memorias tributarias anuales de la AEAT. Teniendo en cuenta que el PIB en España es algo más de un billón de euros, que la estimación de la economía sumergida se sitúa entre20 y 25% del PIB y considerando la presión fiscal media, el importe máximo que podría recaudar, sin que haber prescrito la deuda tributaria, rondaría entre 270.000 y 325.000 millones de euros según ciertas estimaciones.
A pesar del importante volumen de las cifras anteriores, es necesario ser realista, siendo inviable corregir por completo la economía sumergida y el fraude fiscal asociado a la misma. Un escenario más realista podría ser reducir el peso de la economía sumergida a una cifra similar al caso alemán o francés, lo que en el mejor de los casos posibilitaría una recaudación adicional no inferior a los 18.000 euros al año, casi lo mismo que se recauda por el Impuesto de Sociedades en España. ¿Se imaginan un ahorro de esta cuantía para los contribuyentes que si cumplen con sus obligaciones fiscales?
Considerando las limitaciones ya comentadas sobre la cuantificación de la economía sumergida en general y sobre el fraude fiscal en particular, es imprescindible que las administraciones tributarias focalicen sus actuaciones disuadiendo estas prácticas. Entre la batería de medidas que se pueden aplicar, destacan las siguientes.
En primer lugar, hay que incrementar la capacidad de detección del fraude fiscal y aumentar la magnitud de las sanciones una vez detectado el fraude. En segundo lugar, es necesaria una reforma fiscal en profundidad, más allá de las modificaciones de naturaleza puntual que se vienen aprobando, que mejoren la capacidad recaudatoria de los principales tributos. En tercer lugar, hay que evitar a toda costa los procesos de regularización fiscal, que pueden incentivar el fraude fiscal, puesto que aquellos que no declararon inicialmente toda su renta, con las regularizaciones fiscales únicamente se les penaliza con cierto recargo sobre la cantidad defraudada.
En cuarto lugar, es preciso apostar por medidas de naturaleza preventiva, como una simplificación de los procedimientos tributarios,facilitando el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. En quinto lugar es necesario un plan estratégico específico de lucha contra el fraude en aquellas actividades con una especial incidencia: sector inmobiliario, hostelería y turismo.
En sexto lugar es necesaria una mayor coordinación entre la AEAT, las agencias tributarias autonómicas y las concejalías de hacienda.
Finalmente, es necesaria una mayor concienciación social por pagar impuestos. Resulta necesario explicar que si no se satisfacen adecuadamente las obligaciones fiscales, se genera una pérdida de beneficios sociales y/o de servicios públicos por la menor solidaridad.
¿Cuál es el balance hasta la fecha de la lucha contra el fraude fiscal en España? Durante el periodo 2005-2009 la recaudación procedente de las actuaciones de prevención y control del fraude han supuesto un ingreso de 35.000 millones de euros (una cifra inferior al 11% de la estimación potencial máxima durante el citado período).Durante el trienio 2010-2012, la cantidad recaudada por este concepto ascendió a 32.000 millones de euros.
Finalmente, un aviso para navegantes. A pesar de que estos resultados son claramente mejorables, resulta cuanto menos curioso que los recursos humanos destinados a la lucha contra el fraude en la AEAT se hayan reducido en los últimos años. Si se quieren combatir el fraude fiscal, es necesario dotar de mayores y mejores recursos materiales y humanos a las administraciones tributarias. No es cuestión solo de bajar/subir los impuestos,es que todo el mundo contribuya en su justa medida. Solo así se podrán garantizar la calidad de vida que supone el Estado de Bienestar.
