Hay tanto dinero en juego –140.000 millones de euros en tres años– que sería raro que no se produjesen tensiones al hilo del reparto de los fondos europeos de recuperación. Sobre el papel, los denominados fondos Next Generation EU no admiten cuotas territoriales, pero en la práctica se está viendo que esto no es así. Solo el Gobierno lo desmiente, cada vez más con la boca pequeña.
Desde Cataluña no se oculta su objetivo estratégico. El propio consejero catalán de Economía, Jaume Giró, ha pedido hacer “causa común” en la sociedad catalana para que la Generalitat tenga un papel de cogestión y cogobernanza de los fondos europeos de recuperación y que no sea una “simple gestoría”, que es lo que serían –siguiendo su razonamiento– otros gobiernos autonómicos, como la Xunta de Galicia.
Tal vez alguien pone la venda antes de la herida, pero el debate ya está abierto. Sin ir más lejos, en el vecino Principado de Asturias, donde el PP le da la vuelta a uno de los mensajes habituales del independentismo para apelar a que “Cataluña nos roba” en el reparto de los fondos de recuperación.
El Gobierno de España había dicho por activa y por pasiva que los fondos europeos Next Generation EU no tienen cuotas territoriales, sino que su concesión depende de la calidad de los proyectos de recuperación y transformación de la economía española. ¿O tal vez quiso decir una cosa y hacer otra distinta? Lo cierto es que uno de los puntos del diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez y de Pere Aragonès pasa precisamente por la gestión del fondo europeo de recuperación.
Una cosa es que no haya cuotas de partida, ya que en este caso no se sigue un modelo similar al de la financiación autonómica, y otra que no se vayan acentuando desigualdades importantes, sobre todo en la adjudicación de los grandes proyectos industriales. Cataluña tiene todas las de ganar, incluso sin apelar al objetivo de la Generalitat: decida quien decida –Madrid o Barcelona– sus empresas van a acaparar buena parte de los proyectos. Y no solo por razones políticas, que también, sino por la dimensión que tienen sus compañías.
Habrá fondos en los que esto no sea así –las comunidades autónomas más eficientes al rehabilitar casas se beneficiarán más, por ejemplo, en el reparto de ayudas europeas– pero en materias de industria e innovación no habrá café para todos.
La dinámica económica, muy desigual entre unas comunidades y otras, hace poco menos que imposible que los fondos europeos de recuperación no tengan consecuencias territoriales. Tendría que hacer el Gobierno un papel reequilibrador que no parece probable, por dos razones: una, porque su estrategia pasa por apoyar grandes proyectos, solo al alcance de unos pocos, y dos, porque la presión política de Cataluña y Euskadi es y seguirá siendo muy fuerte todos estos años.
España es un país cuasi federal, descentralizado, pero eso no impide que sea también un país donde el poder económico y financiero está cada vez más concentrado; básicamente, en Madrid y Barcelona. Por tanto, si los grandes proyectos se vehiculan a través de las grandes empresas, en buena lógica reforzarán el poderío de Cataluña y Madrid, tal vez con alguna concesión a Euskadi, vía Repsol e Iberdrola. En resumidas cuentas, sean cuales sean los criterios, habrá consecuencias territoriales. Y también habrá migajas, claro. Pero solo migajas.
@J_L_Gomez
