En cuestión de unas semanas se inyectarán en las empresas españolas 11.000 millones de euros, en su mayor parte a fondo perdido. Hay una nueva línea de ayudas directas, dotada con 7.000 millones, que facilitará el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia, otros 3.000 millones se dedicarán a reestructurar la deuda financiera que cuente con aval del Estado, y los restantes 1.000 millones nutrirán un fondo que servirá para la recapitalización de las empresas.
La grave crisis económica derivada de la pandemia exige medidas como las actuales pero eso no es incompatible con explicar de dónde proceden tantos recursos. Curiosamente, nadie se pregunta de dónde salen miles y miles de millones de euros de los que ahora se habla a diario como si fuesen caramelos.
Tampoco se presta atención a que, además de los 7.000 millones de este nuevo paquete de medidas, ya fueron transferidos a las autonomías otros 24.000 millones para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia. Salvo Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno, que se encargó de recordarlo, en la España autonómica nadie dijo ni pío. Al contrario, si algo se escucha son reproches al Ejecutivo central.
Un real decreto como el que integra las nuevas medidas es lógico que tenga un gran impacto mediático, máxime cuando viene precedido de la habitual lucha interna entre los dos socios del Gobierno. El seguimiento de este tipo de asuntos suele derivar en grandes titulares, para simplificar la comunicación de las medidas, pero debajo de la espuma hay muchos papeles. Folios y más folios con informes, power points y notas de prensa a veces por partida doble, desde la Moncloa y Economía. Pues bien, a nadie se le ocurrió escribir una sola línea para explicar de dónde salen tantos miles de millones.
Es algo que se ha hecho habitual en España: se anuncian sucesivos planes de actuación y de vez en cuando llega la única explicación posible: la deuda pública se ha puesto por las nubes, ya que no hay ingresos fiscales para soportar semejante nivel de gasto y menos ahora que la economía no crece. De hecho, la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) que se hace desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) marca la línea del PIB en negativo. Un año que iba a ser impresionante en crecimiento resulta que solo estuvo en positivo en enero, para entrar en números rojos desde comienzos de febrero. Pero de esto no se habla en España.
En 2020, la deuda pública ya alcanzó los 1,311 billones de euros, una cantidad equivalente al 117,1% del PIB, según los datos del Banco de España; es decir, el mayor nivel desde la guerra de Cuba. Y a este paso seguirá creciendo.
En casos así, los estados muy endeudados -España, Italia, Grecia, … incluso Francia- lo que hacen es acostumbrarse a convivir con la deuda, más que aspirar a reducirla y no digamos a cancelarla, un objetivo imposible. Esto da lugar en el caso de España a que su principal partida de gasto sea precisamente la deuda, cuyos defensores suelen argumentar que lo importante es hacerla sostenible, como si fuese una nueva energía verde. Para ello se procura que los pagos periódicos de su amortización sean inferiores a los ingresos que produce el crecimiento del PIB. Y también suele ponérsele una vela a la inflación, para que su aumento reduzca la deuda.
@J_L_Gomez
