Lleva un año como Valedor do pobo, un cargo al que accedió tras la propuesta consensuada de los tres grupos parlamentarios. Benigno López, que había dedicado su vida profesional a la carrera judicial, se esfuerza por convertirse en la voz del pueblo. Asegura haber encontrado una Administración receptiva, pero exige mejoras en asuntos relacionados con las expropiaciones, o las listas de espera sanitarias.
El informe de 2007 indica que tramitó 2.280 quejas. Son quinientas más que las recibidas el año anterior y un volumen sólo superado en 2001. ¿Por qué nos quejamos más?
Confluyen varias razones, entre ellas la consolidación del sistema democrático, unida a un mayor conocimiento, por parte de la ciudadanía, respecto de la existencia y funciones de la institución que represento. Del total de las 2.280 quejas que llegaron a la institución, se admitieron a trámite 1.304. De éstas al final del ejercicio estaban concluidas 927. Uno de los objetivos del Valedor en esta etapa consiste en agilizar dicha tramitación al objeto de acortar los plazos y permitir una mayor rapidez en la resolución de los asuntos.
¿Cómo es la receptividad de la Administración?
En lo que al ejercicio del año 2007, en términos generales, ha de considerarse satisfactoria.
Desde su llegada al cargo, no ha declarado hostiles ningún alcalde. ¿Percibe mayor colaboración de los concellos?
Se esfuerzan por colaborar y eso destacable porque en muchos casos no disponen de medios humanos y materiales que le permitan, en su respuesta, una mayor agilidad. En todo caso, como Valedor, entiendo que la declaración de hostilidad es el último recurso al que debo acogerme, siendo partidario de agotar la vía del diálogo.
Ha anunciado que en sus próximas comparecencias parlamentarias se centrarán en aspectos cualitativos para convertirse en transmisor de las inquietudes de la sociedad gallega.
Creo que esas comparecencias no deben centrarse en una exposición cuantitativa de datos puramente estadísticos, pues éstos ya constan en el informe que en soporte informático se pone a disposición de cada uno de los miembros de la Cámara Legislativa. El informe, y así pretendo presentarlo próximamente, debe concretarse más en aquellos aspectos que han teni do relevancia especial, que denotan mayores deficiencias en la actuación de los poderes públicos, de cara a la sociedad, al objeto de que los representantes políticos tomen conciencia de qué asuntos son merecedores de una atención prioritaria, pues el Valedor no es sino la voz del pueblo que transmite al ámbito político las inquietudes sociales.
¿Es partidario de que se cree un valedor del menor o del emigrante?
La función mediadora del defensor autonómico requiere que quien desempeñe ese cometido pueda ser identificado claramente en el ámbito social, tanto a título personal como de la función que se le encomienda. La creación de figuras análogas podría provocar confusión en ese sentido, al tiempo que le restaría la individualidad necesaria para el ejercicio de la función, lo que no implica que desde la propia institución, a través del personal colaborador, en este caso, vicevaledores y asesores, se pueda prestar la atención especializada que circunstancialmente pueda requerir una determinada situación, como puede ser la del menor, la del paciente, la del emigrante u otras afines.
El área de obras públicas y expropiaciones es la que acumula un mayor número de reclamaciones (14%). ¿Por qué motivos?
En este último ejercicio se corrigieron disfunciones apreciadas en informes anteriores, como por ejemplo demoras excesivas en los abonos del principal e intereses, en la fijación del justiprecio, en las calificaciones urbanísticas, pero la respuesta de la Administración competente en este aspecto sigue siendo insuficiente, aún cuando nos consta que se está intentando mejorar la aplicación informática que hará posible una gestión más eficaz.
¿Se han reducido las reclamaciones agrupadas en vivienda y urbanismo?
Es de destacar que por vez primera en los últimos años se ha observado un importante descenso en relación a las quejas de esta área, pasando de las 233 registradas en el año 2006 a 195. Se aprecia, sin embargo, que los asuntos de disciplina urbanística, principalmente en lo que afecta a la planificación y las listas de espera de los usuarios del programa de alquiler de vivienda de la Xunta, siguen constituyendo una de las más frecuentes inquietudes por parte de los ciudadanos que tratan de acceder a un inmueble.
Además de estos asuntos, usted destacaba las tareas pendientes en sanidad, justicia y educación. ¿Qué asuntos generan mayor preocupación ciudadana?
En materia de sanidad, las listas de espera, con la consiguiente demora en atención especializada, realización de pruebas diagnósticas, obtención de resultado de las mismas, y asistencia quirúrgica, son las más claras preocupaciones por parte de la sociedad, problemática que desde todos los estamentos se está tratando de atajar, y en lo que a esta institución concierne, en breve plazo se instaurará la figura del Vicevaledor del Paciente, que contempla la reciente Lei da Saúde de Galicia. En lo que atañe al ámbito de la justicia, el atraso acumulado en orden a la resolución de los asuntos jurisdiccionales es evidente y en los últimos tiempos ha empeorado.
¿Qué asuntos han generado más reclamaciones en política lingüística?
El mayor número de quejas presentadas se refieren a la Consellería de Educación, en relación a padres disconformes con el decreto regulador del uso y promoción del gallego en el sistema educativo. También se formularon reclamaciones por la no utilización de la lengua gallega por parte del personal de algunas Consellerías y Ayuntamientos; y, a la inversa, del mismo modo, por la no utilización del castellano.
Las canteras de O Courel han motivado más quejas que las presentadas en Lugo capital. ¿Le sorprende?
Se trata de un dato concreto y significativo al haberse contabilizado 119 reclamaciones en tal sentido, procedentes, en unos casos de asociaciones, bien vecinales o bien de defensa ambiental, y en otros de particulares. Tal situación responde a los problemas derivados de una explotación minera del Courel que, como se denunció, podría funcionar sin los preceptivos permisos municipales. La razón es que la cantera podría encontrarse en un espacio natural protegido y, por lo tanto, ser susceptible de causar perjuicio medioambiental y, por derivación, a la calidad de vida y salud de las personas.
Confluyen varias razones, entre ellas la consolidación del sistema democrático, unida a un mayor conocimiento, por parte de la ciudadanía, respecto de la existencia y funciones de la institución que represento. Del total de las 2.280 quejas que llegaron a la institución, se admitieron a trámite 1.304. De éstas al final del ejercicio estaban concluidas 927. Uno de los objetivos del Valedor en esta etapa consiste en agilizar dicha tramitación al objeto de acortar los plazos y permitir una mayor rapidez en la resolución de los asuntos.
¿Cómo es la receptividad de la Administración?
En lo que al ejercicio del año 2007, en términos generales, ha de considerarse satisfactoria.
Desde su llegada al cargo, no ha declarado hostiles ningún alcalde. ¿Percibe mayor colaboración de los concellos?
Se esfuerzan por colaborar y eso destacable porque en muchos casos no disponen de medios humanos y materiales que le permitan, en su respuesta, una mayor agilidad. En todo caso, como Valedor, entiendo que la declaración de hostilidad es el último recurso al que debo acogerme, siendo partidario de agotar la vía del diálogo.
Ha anunciado que en sus próximas comparecencias parlamentarias se centrarán en aspectos cualitativos para convertirse en transmisor de las inquietudes de la sociedad gallega.
Creo que esas comparecencias no deben centrarse en una exposición cuantitativa de datos puramente estadísticos, pues éstos ya constan en el informe que en soporte informático se pone a disposición de cada uno de los miembros de la Cámara Legislativa. El informe, y así pretendo presentarlo próximamente, debe concretarse más en aquellos aspectos que han teni do relevancia especial, que denotan mayores deficiencias en la actuación de los poderes públicos, de cara a la sociedad, al objeto de que los representantes políticos tomen conciencia de qué asuntos son merecedores de una atención prioritaria, pues el Valedor no es sino la voz del pueblo que transmite al ámbito político las inquietudes sociales.
¿Es partidario de que se cree un valedor del menor o del emigrante?
La función mediadora del defensor autonómico requiere que quien desempeñe ese cometido pueda ser identificado claramente en el ámbito social, tanto a título personal como de la función que se le encomienda. La creación de figuras análogas podría provocar confusión en ese sentido, al tiempo que le restaría la individualidad necesaria para el ejercicio de la función, lo que no implica que desde la propia institución, a través del personal colaborador, en este caso, vicevaledores y asesores, se pueda prestar la atención especializada que circunstancialmente pueda requerir una determinada situación, como puede ser la del menor, la del paciente, la del emigrante u otras afines.
El área de obras públicas y expropiaciones es la que acumula un mayor número de reclamaciones (14%). ¿Por qué motivos?
En este último ejercicio se corrigieron disfunciones apreciadas en informes anteriores, como por ejemplo demoras excesivas en los abonos del principal e intereses, en la fijación del justiprecio, en las calificaciones urbanísticas, pero la respuesta de la Administración competente en este aspecto sigue siendo insuficiente, aún cuando nos consta que se está intentando mejorar la aplicación informática que hará posible una gestión más eficaz.
¿Se han reducido las reclamaciones agrupadas en vivienda y urbanismo?
Es de destacar que por vez primera en los últimos años se ha observado un importante descenso en relación a las quejas de esta área, pasando de las 233 registradas en el año 2006 a 195. Se aprecia, sin embargo, que los asuntos de disciplina urbanística, principalmente en lo que afecta a la planificación y las listas de espera de los usuarios del programa de alquiler de vivienda de la Xunta, siguen constituyendo una de las más frecuentes inquietudes por parte de los ciudadanos que tratan de acceder a un inmueble.
Además de estos asuntos, usted destacaba las tareas pendientes en sanidad, justicia y educación. ¿Qué asuntos generan mayor preocupación ciudadana?
En materia de sanidad, las listas de espera, con la consiguiente demora en atención especializada, realización de pruebas diagnósticas, obtención de resultado de las mismas, y asistencia quirúrgica, son las más claras preocupaciones por parte de la sociedad, problemática que desde todos los estamentos se está tratando de atajar, y en lo que a esta institución concierne, en breve plazo se instaurará la figura del Vicevaledor del Paciente, que contempla la reciente Lei da Saúde de Galicia. En lo que atañe al ámbito de la justicia, el atraso acumulado en orden a la resolución de los asuntos jurisdiccionales es evidente y en los últimos tiempos ha empeorado.
¿Qué asuntos han generado más reclamaciones en política lingüística?
El mayor número de quejas presentadas se refieren a la Consellería de Educación, en relación a padres disconformes con el decreto regulador del uso y promoción del gallego en el sistema educativo. También se formularon reclamaciones por la no utilización de la lengua gallega por parte del personal de algunas Consellerías y Ayuntamientos; y, a la inversa, del mismo modo, por la no utilización del castellano.
Las canteras de O Courel han motivado más quejas que las presentadas en Lugo capital. ¿Le sorprende?
Se trata de un dato concreto y significativo al haberse contabilizado 119 reclamaciones en tal sentido, procedentes, en unos casos de asociaciones, bien vecinales o bien de defensa ambiental, y en otros de particulares. Tal situación responde a los problemas derivados de una explotación minera del Courel que, como se denunció, podría funcionar sin los preceptivos permisos municipales. La razón es que la cantera podría encontrarse en un espacio natural protegido y, por lo tanto, ser susceptible de causar perjuicio medioambiental y, por derivación, a la calidad de vida y salud de las personas.
