El instructor del 'caso Campeón' en el Supremo, José Ramón Soriano, citó para hoy como testigo al técnico municipal que elaboró un informe favorable a que la empresa Azcar, propiedad de José Antonio Orozco, amigo del exministro José Blanco, construyera una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Se trata de Josep Ruiz, técnico municipal que hizo la tramitación de los informes ambientales sobre los terrenos en que se edificó la nave, en las proximidades del aeropuerto del Prat.
El juez investiga si Blanco intercedió ante el Ayuntamiento de Sant Boi para que concediera la licencia urbanística a la empresa Transportes Azcar y con ese objeto el pasado marzo tomó declaración al alcalde de esta localidad, el socialista Jaume Bosch. Esta es la primera citación que hace Soriano tras levantar el secreto de la pieza separada, que fue decretado a raíz de la presentación de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF), fechado el 24 de septiembre.
En ese informe, la UDEF indicaba al magistrado su interés en investigar en mayor profundidad la compra por parte de Blanco de un chalé en Las Rozas (Madrid) ante los indicios de 'pago por parte de José Antonio Orozco del coste de adquisición y reforma' de ese inmueble. La Policía sospecha que el chalé fue pagado en parte en dinero negro porque lo escrituró en 670.000 euros cuando el precio de venta era de 900.000, según figuró durante un mes en un portal inmobiliario.
Por ello, la Policía pidió al juez que requiriera un informe a la agencia tributaria sobre esta operación para 'poder determinar el mecanismo empleado para el pago del sobreprecio ' por parte del exministro'.
En ese informe, la UDEF indicaba al magistrado su interés en investigar en mayor profundidad la compra por parte de Blanco de un chalé en Las Rozas (Madrid) ante los indicios de 'pago por parte de José Antonio Orozco del coste de adquisición y reforma' de ese inmueble. La Policía sospecha que el chalé fue pagado en parte en dinero negro porque lo escrituró en 670.000 euros cuando el precio de venta era de 900.000, según figuró durante un mes en un portal inmobiliario.
Por ello, la Policía pidió al juez que requiriera un informe a la agencia tributaria sobre esta operación para 'poder determinar el mecanismo empleado para el pago del sobreprecio ' por parte del exministro'.
