El Consello Galego da Competencia prepara la firma de un convenio con la Abogacía del Estado para aplicar una capacidad que, por el momento, existe 'sólo en el plano teórico' y que permite impugnar actos administrativos o disposiciones autonómicas con rango inferior a la ley que sean consideradas contrarias a la libre competencia.
El presidente del Consello -ente de reciente creación, tras la integración del Servizo Galego da Competencia y el Tribunal Galego da Competencia-, Francisco Hernández, compareció ayer ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, acompañado de dos vocales, Alfonso Vez Pazos y Fernando García Cachafeiro, para explicar sus propuestas para el mandato, que durará seis años sin reelección, y como trámite previo a su nombramiento efectivo. Hernández explicó en su intervención que está 'muy avanzado' un convenio con el Instituto Galego de Consumo (IGC), que permitiría que inspectores de estos organismos se apoyen en sus tareas, y que trabaja también en un acuerdo con la Abogacía del Estado.
La administración pública, argumentó, 'no puede estar al margen' de las normas de la libre competencia, de modo que Hernández apostó por activar 'una competencia importante pero que, por el momento, solo existe en el plano teórico' y que es la posibilidad de impugnar disposiciones de la propia Xunta que considere contrarias a las normas en la materia.
Así, expuso que esta capacidad no se puede aplicar por 'la imposibilidad de usar los servicios jurídicos de la Xunta para impugnar disposiciones de la propia administración gallega', de ahí que la solución pase por un acuerdo con la Abogacía del Estado.
La administración pública, argumentó, 'no puede estar al margen' de las normas de la libre competencia, de modo que Hernández apostó por activar 'una competencia importante pero que, por el momento, solo existe en el plano teórico' y que es la posibilidad de impugnar disposiciones de la propia Xunta que considere contrarias a las normas en la materia.
Así, expuso que esta capacidad no se puede aplicar por 'la imposibilidad de usar los servicios jurídicos de la Xunta para impugnar disposiciones de la propia administración gallega', de ahí que la solución pase por un acuerdo con la Abogacía del Estado.
