Contas reclama que los concellos se sometan a un solo fiscalizador

El conselleiro mayor del Consello de Contas, Antonio López Díaz, abogó por buscar fórmulas para evitar que las corporaciones locales tengan que rendir cuentas al organismo fiscalizador gallego y también al Tribunal de Cuentas.
El conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López Díaz, animó ayer a los responsables políticos a que estudien fórmulas que ’no compliquen excesivamente’ la rendición de cuentas a los ayuntamientos, que actualmente deben hacerlo al órgano fiscalizador autonómico y al estatal. Así lo manifestó ayer con motivo de su comparecencia en la Comisión Permanente non lexislativa para as Relacións co Consello de Contas. En ella, conforme a la tramitación parlamentaria, López Díaz expuso el informe de fiscalización sobre el sector público de Galicia -Comunidad Autónoma, corporaciones locales, entes instrumentales...- correspondiente al ejercicio de 2004, entregado al Parlamento gallego en julio, y la memoria de actividades del ejercicio 2006.

Entre los asuntos abordados en esta intervención, que supuso un resumen y recordatorio de las conclusiones y recomendaciones del informe, el conselleiro maior estableció como ’uno de los grandes retos’ del órgano al que representa el ’conseguir que la totalidad de los municipios rindan cuentas’, ya que hasta ahora sólo el 50% de los ayuntamientos gallegos lo hace en plazo, el 22,5% lo hace fuera de plazo y un 27,5% ’no rinde cuentas’.

’Raquitismo financiero’

Algunas de las conclusiones son que las cuentas generales de los municipios presentan ’cierto raquitismo financiero’ en comparación con lo que sucede con los del resto de España y también se constata ’una menor financiación per capita’, vinculada a los ’menores índices de esfuerzo fiscal’. También se censura la gestión sobre el 10% del terreno que los promotores tienen que ceder a los ayuntamientos porque se sustituye la entrega de una parcela por el equivalente metálico.

López analizó que los ayuntamientos ’no rinden cuentas’ al organismo fiscalizador por ’causas diversas’, como la escasez de personal y de medios, las deficiencias técnicas y de organización o la escasa consciencia del papel democrático’ que supone cumplir con esta obligación.

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