El Defensor del Paciente solicitó ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo penas de cárcel e inhabilitación laboral para dos pediatras de la ciudad olívica, así como más de 130.000 euros de multa por un delito de lesiones graves por imprudencia grave profesional causadas a una niña de dos años.
La menor fue llevada en el año 2000 al pediatra por sus padres a causa de una inflamación en la cara y le fue diagnosticada una tuberculosis ganglionar, según recoge el escrito del fiscal, por presunción, que no por certeza. Así, fue remitida a un cirujano que, sin realizar nuevas pruebas, dio el visto bueno.
Sin embargo, seis meses después, la inflamación supuraba, por lo que el cirujano realizó una punción en el ganglio, cuyo análisis detectó una bacteria. Un año después, como la infección no remitía, la niña fue intervenida y, tras ser dada de alta, empeoró y fue llevada al Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), donde llegó en estado de shock séptico.
Desde ese complejo fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital Xeral de Vigo en estado muy grave y, puesto que este centro no contaba con un respirador de alta frecuencia para la atención que necesitaba la menor, fue llevada al Hospital Clínico de Santiago, donde recibió un tratamiento intensivo durante más de dos meses.
Así, la menor fue operada de un ganglio con 240 días de demora a causa de un diagnóstico y tratamiento equivocados, según recalcó la asociación, que apuntó también que la niña estuvo al borde de la muerte por la negligente actuación del cirujano, que la condujo a permanecer 74 días hospitalizada y a dedicar 800 días a curarse definitivamente.
DENUNCIA.
El Defensor del Paciente considera que ya es hora de que, tanto los jueces como los fiscales, estimen la sanción penal por imprudencias graves tal y como se está haciendo en tráfico, que aún sin haber accidente, establece condenas por imprudencia y por poner en riesgo la vida de otras personas.
Por todo, el fiscal solicita para el médico que operó a la niña un año y tres meses de prisión e inhabilitación profesional durante dos años y medio, mientras que para el otro pediatra pide cuatro meses de cárcel y año y medio sin ejercer.
Además, reclama una indemnización conjunta de 7.200 euros más 125.000 que debería aportar el cirujano. No obstante, la representación legal de la menor, a cargo del abogado de la Asociación del Defensor del Paciente en Galicia, solicita mayores penas e indemnizaciones.
Sin embargo, seis meses después, la inflamación supuraba, por lo que el cirujano realizó una punción en el ganglio, cuyo análisis detectó una bacteria. Un año después, como la infección no remitía, la niña fue intervenida y, tras ser dada de alta, empeoró y fue llevada al Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), donde llegó en estado de shock séptico.
Desde ese complejo fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital Xeral de Vigo en estado muy grave y, puesto que este centro no contaba con un respirador de alta frecuencia para la atención que necesitaba la menor, fue llevada al Hospital Clínico de Santiago, donde recibió un tratamiento intensivo durante más de dos meses.
Así, la menor fue operada de un ganglio con 240 días de demora a causa de un diagnóstico y tratamiento equivocados, según recalcó la asociación, que apuntó también que la niña estuvo al borde de la muerte por la negligente actuación del cirujano, que la condujo a permanecer 74 días hospitalizada y a dedicar 800 días a curarse definitivamente.
DENUNCIA.
El Defensor del Paciente considera que ya es hora de que, tanto los jueces como los fiscales, estimen la sanción penal por imprudencias graves tal y como se está haciendo en tráfico, que aún sin haber accidente, establece condenas por imprudencia y por poner en riesgo la vida de otras personas.
Por todo, el fiscal solicita para el médico que operó a la niña un año y tres meses de prisión e inhabilitación profesional durante dos años y medio, mientras que para el otro pediatra pide cuatro meses de cárcel y año y medio sin ejercer.
Además, reclama una indemnización conjunta de 7.200 euros más 125.000 que debería aportar el cirujano. No obstante, la representación legal de la menor, a cargo del abogado de la Asociación del Defensor del Paciente en Galicia, solicita mayores penas e indemnizaciones.
