La Diputación de Lugo interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 99/2012 de la Xunta, que regula los servicios sociales y su financiación, por considerar que el Gobierno gallego ha infringido con esa norma la propia ley que regula la prestación de servicios.
La decisión fue adoptada esta mañana por el pleno de la institución provincial, con los votos a favor del gobierno bipartito, formado por socialistas y nacionalistas, y la posición contraria del Partido Popular.
El vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Antonio Veiga, recordó que la institución provincial ya presentó en su día un requerimiento dirigido a la Xunta de Galicia contra la aplicación de ese decreto, pero al no obtener respuesta, llegará ahora a la vía judicial, con la interposición del citado contencioso-administrativo.
Durante su intervención, Veiga recordó que el decreto que regula la prestación y la financiación de los servicios sociales carece del consenso necesario con las demás administraciones y obliga a las diputaciones a asumir el gasto que generan esos servicios en los municipios con menos de 20.000 habitantes, cuando la competencia es de la Xunta.
Sin embargo, la portavoz provincial del PP, Elena Candia, afirmó que ese decreto está 'rigurosamente adecuado a la legalidad', dado que 'diseña un marco de financiación y desarrolla la Lei de Servizos Sociais del año 2008'.
Además, negó que la Xunta de Galicia hubiese eludido el debate y la búsqueda de consenso con las administraciones locales, porque solicitó informe a la Fegamp, en la que están representados todos los ayuntamientos, y alguno incluso presentó alegaciones al decreto.
En ese sentido, afirmó que se está produciendo 'una pelea mediática que no está favoreciendo a nadie', por lo que le pidió al gobierno provincial que 'entre en la senda del sentido común' y 'deje de litigar sobre un tema tan sensible'.
En cambio, Veiga afirmó que la Xunta de Galicia utiliza 'los mismos argumentos' para conceder y para denegar las ayudas, por lo que 'tendrá que ser un órgano judicial' el que 'acabe con esa doble interpretación'.
El vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Antonio Veiga, recordó que la institución provincial ya presentó en su día un requerimiento dirigido a la Xunta de Galicia contra la aplicación de ese decreto, pero al no obtener respuesta, llegará ahora a la vía judicial, con la interposición del citado contencioso-administrativo.
Durante su intervención, Veiga recordó que el decreto que regula la prestación y la financiación de los servicios sociales carece del consenso necesario con las demás administraciones y obliga a las diputaciones a asumir el gasto que generan esos servicios en los municipios con menos de 20.000 habitantes, cuando la competencia es de la Xunta.
Sin embargo, la portavoz provincial del PP, Elena Candia, afirmó que ese decreto está 'rigurosamente adecuado a la legalidad', dado que 'diseña un marco de financiación y desarrolla la Lei de Servizos Sociais del año 2008'.
Además, negó que la Xunta de Galicia hubiese eludido el debate y la búsqueda de consenso con las administraciones locales, porque solicitó informe a la Fegamp, en la que están representados todos los ayuntamientos, y alguno incluso presentó alegaciones al decreto.
En ese sentido, afirmó que se está produciendo 'una pelea mediática que no está favoreciendo a nadie', por lo que le pidió al gobierno provincial que 'entre en la senda del sentido común' y 'deje de litigar sobre un tema tan sensible'.
En cambio, Veiga afirmó que la Xunta de Galicia utiliza 'los mismos argumentos' para conceder y para denegar las ayudas, por lo que 'tendrá que ser un órgano judicial' el que 'acabe con esa doble interpretación'.
