El director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, admite que la proximidad de las elecciones municipales (mayo de 2011) 'puede tener influencia' en que los ayuntamientos de Galicia no obliguen a los titulares de las parcelas a mantener limpios sus perímetros con el objetivo de prevenir incendios forestales, tal y como recoge la legislación gallega en esta materia. 'Las administraciones locales pueden llegar a pensar que la responsabilidad que le otorga la Ley de prevención de incendios forestales puede tener influencia en el voto', afirma Fernández-Couto en una entrevista. 'Pero también se puede pensar que, por cada propietario
'Las administraciones locales pueden llegar a pensar que la responsabilidad que le otorga la Ley de prevención de incendios forestales puede tener influencia en el voto', afirma Fernández-Couto en una entrevista. 'Pero también se puede pensar que, por cada propietario que se siente forzado, hay dos vecinos que ven bien la actuación', resalta el responsable gallego en materia de montes.
El Gobierno bipartito aprobó en 2007 el texto normativo que regula las competencias de cada actor en la lucha contra los fuegos -Administración estatal, autonómica, local y particulares-, pero el alto cargo de la Xunta entiende que 'hay que relativizar' el tiempo de establecimiento de la ley, porque 'tres años puede ser mucho o poco tiempo'. 'No es extraño que la aplicación real de una nueva normativa lleve un periodo... una cosa es la obligación y otra el conocimiento de los cambios que supone', explica.
De ahí la jornada que la Consellería de Medio Rural, en colaboración con la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), organizó esta semana para explicar sus responsabilidades a técnicos, agentes forestales y personal de las corporaciones locales. 'Hay que hacer un esfuerzo grande de formación, mentalización y aclaración e las cuestiones legales', considera Fernández-Couto, quien valora la iniciativa como 'muy productiva'.
El Gobierno bipartito aprobó en 2007 el texto normativo que regula las competencias de cada actor en la lucha contra los fuegos -Administración estatal, autonómica, local y particulares-, pero el alto cargo de la Xunta entiende que 'hay que relativizar' el tiempo de establecimiento de la ley, porque 'tres años puede ser mucho o poco tiempo'. 'No es extraño que la aplicación real de una nueva normativa lleve un periodo... una cosa es la obligación y otra el conocimiento de los cambios que supone', explica.
De ahí la jornada que la Consellería de Medio Rural, en colaboración con la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), organizó esta semana para explicar sus responsabilidades a técnicos, agentes forestales y personal de las corporaciones locales. 'Hay que hacer un esfuerzo grande de formación, mentalización y aclaración e las cuestiones legales', considera Fernández-Couto, quien valora la iniciativa como 'muy productiva'.
