Los familiares del joven Pablo D.F., de 23 años de edad, que falleció en julio del año pasado víctima de un presunto asesinato, se concentraron esta mañana a las puertas de los juzgados de Vigo el día en el que se inicia la vista oral por el acusado de este crimen para que le aplique la máxima condena posible.
El padre de la víctima, Jesús Alberto D.R., pidió que se aplique el máximo castigo posible al acusado Sergio G.P., de 26 años de edad, "para evitar que pase lo que ocurrió con el crimen de Nigrán, que algunos asesinos ya andan hoy por la calle".
Además, Jesús Alberto lamentó la falta de ayudas oficiales y recordó que "ningún psicólogo ni nadie" se puso en contacto con la familia después del crimen, ocurrido en julio del año pasado. El padre del joven fallecido insistió en que "la familia quiere conocer el porqué de este asesinato" y subrayó que su hijo era "una persona trabajadora y normal", por lo que no se explica "por qué ese animal cometió esa aberración".
Familiares de la víctima y miembros de la Asociación de Apoyo de las Víctimas y Familiares de Delitos Violentos se concentraron a primera hora con una pancarta en la que reclaman el cumplimiento íntegro de las penas.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, la petición de penas del ministerio público para este acusado es de 21 años por un presunto delito de asesinato, seis años de prisión por el delito de incendio, además de la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y la pena de nueve meses por un presunto delito de daños. Por su parte, la acusación particular amplía la solicitud de pena hasta los 35 años, mientras que la defensa reduce dicha petición a 4 años.
Según el escrito de calificación fiscal, el acusado se presentó el 5 de julio de 2006 en casa de su compañero de trabajo Pablo D.F., en el barrio vigués de Teis, y le asestó al menos 42 puñaladas en diversas zonas de su cuerpo. A continuación utilizó gasolina que llevaba en su mochila para prender fuego a la casa, aunque los daños en la vivienda no fueron excesivos porque las llamas se extinguieron por sí mismas.
Posteriormente, el joven abandonó la casa, en la que también vivía la novia de la víctima, y se dirigió a la calle Cesáreo González donde se encontró con dos agentes de Policía Nacional, a los que, "de forma espontánea", relató lo sucedido y ayudó a localizar el arma utilizada en el crimen, un cuchillo de caza con una hoja de 22 centímetros de largo.
ATENUANTE.
Precisamente, por el hecho de que el joven se autoinculpara y se entregara a la policía, colaborando en la localización del cuchillo, la Fiscalía considera que concurre en el acusado la circunstancia atenuante de haber confesado la infracción a las autoridades.
Por otra parte, además de la petición de pena de prisión, el ministerio público reclama la responsabilidad civil del acusado, al que pedirá 150.000 euros de indemnización para los padres de la víctima; 30.000 euros para su hermano; 50.000 euros para su novia Vanesa P.S.; y 9.614,17 euros para la abuela del fallecido, propietaria de la casa donde ocurrió el crimen, por los daños ocasionados por el incendio.
