La Consellería de Economía e Facenda planteará al Gobierno central que el 90 por ciento de la recaudación en esta comunidad en concepto de IRPF, IVA e impuestos especiales quede en esta autonomía como resultado de la cesión por parte del Estado de un mayor porcentaje de estos tributos más la suma de los recursos adicionales necesarios procedentes del fondo de suficiencia.
En rueda de prensa, el titular de este departamento autonómico, José Ramón Fernández Antonio, aclaró que esta cantidad no tendría que venir por una cesión que llegase hasta el 90 por ciento de estos impuestos -no precisó la cantidad-, sino por la operación de añadir a lo cedido a Galicia por estos tributos los ingresos precisos del fondo de suficiencia para completar la financiación de todos los servicios prestados, algo que colisiona con la propuesta catalana.
En este sentido, Fernández Antonio confirmó que mantuvo contactos con muchas comunidades, entre las que incluyó Cataluña, aunque consideró lógico que ambas mantengan posiciones diferentes en algunos temas, porque las características territoriales son diferentes. En cualquier caso, está convencido de que se podrá llegar a un consenso entre todas las autonomías en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Dado que el líder del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, considera que Galicia paga más impuestos al Estado de los que reciben en transferencias, el conselleiro recordó que el asunto de las balanzas fiscales lo introdujo una comunidad que cree que le favorece -en alusión a Cataluñay advirtió que hay que tener cuidado con las actitudes miméticas.
POSICION CONJUNTA DE GALICIA.
Fernández Antonio desmintió que el socio de Gobierno en la Xunta tenga un modelo diferente y se mostró convencido de poder llegar a una posición conjunta de Galicia, para lo que prevé reunirse con los portavoces de Economía de PP, PSOE y BNG, que permita obtener unos mejores resultados en la negociación.
En lo que no tiene dudas es en que el marco ha de ser multilateral -y no bilateral como defiende el Bloquey que el objetivo primordial es que Galicia consiga más recursos y más autonomía financiera en la revisión del actual modelo de financiación autonómica. Añadió que se implantará una Agencia Tributaria autonómica para tener más capacidad para desarrollar una política apropia adaptada a las necesidad de Galicia.
El conselleiro de Economía también planteará al Estado que el nuevo sistema tenga una suficiencia dinámica para que se adapte a la evolución de las necesidades de gasto, con una revisión quinquenal. Igualmente reiteró que Galicia demanda que se duplique el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y que la comunidad siga recibiendo el 8 por ciento de la inversión territorializada.
José Ramón Fernández Antonio propondrá que a igualdad de esfuerzo fiscal, exista un nivel de calidad homogénea en los servicios prestados, que admitió que chocará con el planteamiento de otras autonomías que defenderán que a igualdad de esfuerzo fiscal, la misma financiación por habitante.
El titular de Economía lo justificó en los factores diferenciales de coste de Galicia por el mayor envejecimiento y dispersión poblacional, y su complicada orografía y los muchos kilómetros de costa, para probar que es más gravoso prestar los servicios. Además, la Xunta estima que un mayor de 65 años de edad consume, en media, casi 3,5 veces más gastos sanitario que la media, y no 2,8 veces.
LOS COSTES, LOS USUARIOS REALES.
En este sentido, la estrategia del Gobierno gallego es demostrar que quien ocasiona los costes no son los habitantes (la población en general), ni los usuarios potenciales (la población protegida), sino los usuarios reales de los servicios públicos. Para exponer el sobrecoste en Galicia, también se refiere a la necesidad de tener más médicos por habitante, construir más centros sanitarios, reforzar la atención primaria, disponer de puntos de atención continuad y asumir un coste superior del transporte sanitario programado y urgente.
Por otra parte, ante el dictamen de la UE contrario a la implantación de llamado 'céntimo sanitario' en los hidrocarburos, Fernández Antonio recordó que es un tributo estatal y será el Gobierno central el que alegará anta la institución comunitaria con el apoyo de Galicia.
Aunque aseguró que el objetivo de España es negociar una salida para evitar la supresión de este impuesto, indicó que si hubiese una merma de ingresos también habría que arbitrar las compensaciones en el marco de la nueva financiación autonómica.
En este sentido, Fernández Antonio confirmó que mantuvo contactos con muchas comunidades, entre las que incluyó Cataluña, aunque consideró lógico que ambas mantengan posiciones diferentes en algunos temas, porque las características territoriales son diferentes. En cualquier caso, está convencido de que se podrá llegar a un consenso entre todas las autonomías en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Dado que el líder del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, considera que Galicia paga más impuestos al Estado de los que reciben en transferencias, el conselleiro recordó que el asunto de las balanzas fiscales lo introdujo una comunidad que cree que le favorece -en alusión a Cataluñay advirtió que hay que tener cuidado con las actitudes miméticas.
POSICION CONJUNTA DE GALICIA.
Fernández Antonio desmintió que el socio de Gobierno en la Xunta tenga un modelo diferente y se mostró convencido de poder llegar a una posición conjunta de Galicia, para lo que prevé reunirse con los portavoces de Economía de PP, PSOE y BNG, que permita obtener unos mejores resultados en la negociación.
En lo que no tiene dudas es en que el marco ha de ser multilateral -y no bilateral como defiende el Bloquey que el objetivo primordial es que Galicia consiga más recursos y más autonomía financiera en la revisión del actual modelo de financiación autonómica. Añadió que se implantará una Agencia Tributaria autonómica para tener más capacidad para desarrollar una política apropia adaptada a las necesidad de Galicia.
El conselleiro de Economía también planteará al Estado que el nuevo sistema tenga una suficiencia dinámica para que se adapte a la evolución de las necesidades de gasto, con una revisión quinquenal. Igualmente reiteró que Galicia demanda que se duplique el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y que la comunidad siga recibiendo el 8 por ciento de la inversión territorializada.
José Ramón Fernández Antonio propondrá que a igualdad de esfuerzo fiscal, exista un nivel de calidad homogénea en los servicios prestados, que admitió que chocará con el planteamiento de otras autonomías que defenderán que a igualdad de esfuerzo fiscal, la misma financiación por habitante.
El titular de Economía lo justificó en los factores diferenciales de coste de Galicia por el mayor envejecimiento y dispersión poblacional, y su complicada orografía y los muchos kilómetros de costa, para probar que es más gravoso prestar los servicios. Además, la Xunta estima que un mayor de 65 años de edad consume, en media, casi 3,5 veces más gastos sanitario que la media, y no 2,8 veces.
LOS COSTES, LOS USUARIOS REALES.
En este sentido, la estrategia del Gobierno gallego es demostrar que quien ocasiona los costes no son los habitantes (la población en general), ni los usuarios potenciales (la población protegida), sino los usuarios reales de los servicios públicos. Para exponer el sobrecoste en Galicia, también se refiere a la necesidad de tener más médicos por habitante, construir más centros sanitarios, reforzar la atención primaria, disponer de puntos de atención continuad y asumir un coste superior del transporte sanitario programado y urgente.
Por otra parte, ante el dictamen de la UE contrario a la implantación de llamado 'céntimo sanitario' en los hidrocarburos, Fernández Antonio recordó que es un tributo estatal y será el Gobierno central el que alegará anta la institución comunitaria con el apoyo de Galicia.
Aunque aseguró que el objetivo de España es negociar una salida para evitar la supresión de este impuesto, indicó que si hubiese una merma de ingresos también habría que arbitrar las compensaciones en el marco de la nueva financiación autonómica.
