La junta de personal y el comité de empresa presentaron 4.000 firmas para exigir su retirada

Los funcionarios se movilizan contra los ajustes de la Xunta

Las presidentas del comité de empresa y la junta de personal entregan las firmas contra los recortes. (Foto: LAVANDEIRA JR.)
Las presidentas de la junta de personal y del comité de empresa de los servicios centrales de la Xunta, Pilar de Celis y Ana Landrove, respectivamente, presentaron ayer en el Registro del Parlamento casi 4.000 firmas pidiendo la retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público y un escrito en el que reclaman a los grupos políticos que respalden esta solicitud o que, 'al menos, voten en contra' de la norma.
Por su parte, el coordinador del área pública de Comisiones Obreras, Ramiro Otero, declaró a los informadores en el Parlamento que su intención es plantear a los grupos la posición de las organizaciones sindicales constituidas en plataforma de unidad de acción sindical, para que apoyen la retirada del proyecto de ley, que hoy concluye su tramitación 'con nocturnidad y alevosía'.

El sindicalista lamentó que ayer, en la primera reunión con los grupos, el socialista les entregara la exposición de motivos, donde el Gobierno expone los argumentos de su decisión. Gracias a los grupos -dijo- 'fuimos capaces de tener en la mano en este momento el motivo y la idea de la rebaja', un documento que venían demandando 'desde hace tiempo' y del que disponen el día anterior a su debate en la Cámara.

En su opinión, ello demuestra que la negativa de las organizaciones sindicales al debate de la medida 'tenía un sentido claro, que era la falta de información por parte de la Xunta'. En el mismo sentido se manifestó la responsable del área pública de la CIG, Carme López Santamariña, quien recordó que los representantes de los trabajadores se negaron a debatir el asunto punto por punto, porque todos los artículos son 'lesivos para los trabajadores y para el conjunto de los servicios públicos'.


FALTA DE NEGOCIACIÓN

López Santamariña demandó 'que se nos permita negociar y hablar pormenorizadamente de cómo se puede racionalizar la administración pública' y agregó que 'demandamos y seguimos demandando y demandaremos la defensa de los servicios públicos con carácter universal'. José Francisco Méndez Castro, presidente CSIF-Galicia, dijo que este proyecto supone 'la falta absoluta de negociación con los empleados públicos' y defendió 'unos servicios públicos que son modélicos'. El sindicalista dijo que las organizaciones 'estamos dispuestos a trabajar en la búsqueda de eficacia y eficiencia en los servicios públicos' y, 'si hay casos de absentismo que no se deben dar, estamos dispuestos a apoyar las medidas para reducirlo'.

Por su parte, José Vázquez, responsable de UGT autonómica, pidió que 'la xunta permita negociar a los sindicatos y, si quieren sacar alguna ley, que sea negociada previamente'. Subrayó que los sindicatos 'no queremos que negocien el convenio a través de una ley', porque 'sería un mal precedente para todos los trabajadores públicos y, si se sienta ese precedente, tendremos que recurrirlo, porque entendemos que va contra la legislación laboral'.

Por otra parte, numerosos delegados sindicales de CCOO, CIG, UGT y CSIF comenzaron ayer el encierro en los edificios administrativos de la Xunta en Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo en protesta por los recortes en el sector público.

PSEDG Y BNG PEDIRÁN LA DEVOLUCIÓN Y PLANTEAN OPCIONES

Los grupos de la oposición pidieron en el pleno de la Cámara que se celebra hoy la devolución de la Ley de medidas temporales en determinadas materias del empleo público por la que se promueven distintos ajustes en este ámbito. Así, mostrarán su postura contraria a este texto, al cual proponen alternativas como suprimir las delegaciones territoriales o eliminar 'privilegios del personal directivo'. Un día antes de que el texto de ley se debata por trámite de lectura única, lo que permite que este mes de febrero esté aprobado, representantes de los sindicatos de la función pública se reunieron con los tres grupos con representación en el Pazo do Hórreo para exponer su oposición a la futura normativa. Recibieron el respaldo de socialistas y nacionalistas.

Tras el encuentro que mantuvieron los sindicalistas con el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada; el grupo socialista afirma que 'va a apoyar a los trabajadores públicos'. Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, consideró que 'hay razones de fondo y de forma' para pedir que el texto 'no siga su tramitación parlamentaria', y reprochó al PP que 'haga oídos sordos a cualquier posición que no sea la propia'. El popular Pedro Puy afirmó que el grupo está 'de forma clara y rotunda' de acuerdo con el contenido del texto.

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