Los tres grupos de la Cámara gallega --PPdeG, PSdeG y BNG-instan a la Xunta que realice un censo exhaustivo, completo y fiable de afectados por daño cerebral, incluidas aquellas personas con parálisis cerebral desde su nacimiento en adelante.
Así se acordó por unanimidad en la Comisión de Sanidade, en una iniciativa por la que también piden a la Administración gallega el establecimiento de un protocolo de actuación, tratamiento, información y formación para el cuidado de los afectados desde el momento en que se realice el diagnóstico.
El PP logró, tras consensuar de palabra un nuevo texto con PSdeG y BNG, sacar adelante una proposición no de ley en este sentido, después de renunciar a incluir la petición de que se creasen unidades hospitalarias específicas para los afectados de parálisis cerebral.
El encargado de defender la proposición no de ley fue el diputado del PP José Manuel Baltar Blanco, quien puntualizó que la iniciativa no es crítica con lo que hace la Xunta, sino que pretende impulsar políticas de prevención, defensa y atención para las personas afectadas por parálisis cerebral y su entorno familiar.
Apuntó que en España hay más de 34.000 personas con parálisis cerebral con edades de entre 6 y 65 años, pero que no se tienen datos sobre los afectados entre 0 y 6 años ni estadísticas por comunidades.
Por ello, justificó la demanda de elaboración de un censo, como elemento que contribuya al diagnóstico y posterior tratamiento de esta enfermedad.
Tanto la diputada del BNG María Cristina Ferreiro como la diputada del PSdeG Mar Barcón coincidieron en resaltar que la actual Consellería de Sanidade promueve un Plan Integral de Atención a Personas con Dano Cerebral, por lo que enmarcaron en esta actuación la idoneidad de crear el censo de personas que padecen daños en el cerebro, incluidas aquellas con parálisis cerebral.
Sin embargo, ni el BNG ni el PSdeG consideró necesaria la creación de unidades específicas para la atención de personas con parálisis cerebral, ya que apoyan la apuesta del Ejecutivo gallego por ofrecer una atención multidisciplinar.
PROTECCION A MALTRATADAS El PP logró contar de nuevo con el respaldo de los grupos que sustentan al bipartito y hoy también se aprobó instar a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para demandar el incremento de los recursos humanos y materiales de las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres que sufren violencia de género.
El objetivo de esta segunda proposición no de ley, también aprobada por unanimidad, es que este aumento de recursos permita reforzar la seguridad e integridad de las mujeres maltratadas.
Asimismo, el texto reclama que intensificar la colaboración entre las distintas administraciones en la lucha contra esta lacra social.
En este caso la defensora de la iniciativa fue la diputada del PP Susana López Abella, quien recordó que la violencia de género sigue siendo una de las peores lacras que sufre la sociedad y reivindicó que los poderes públicos y la sociedad debe involucrarse de forma conjunta en combatirla.
Recordó los avances legislativos logrados en los últimos años, pero quiso poner el acento en la cuestión de la protección y seguridad de las mujeres maltratas y, a partir de datos de la Confederación Española de Policía, aseguró que no se cumple el ratio de un policía encargado a proteger a un máximo de 10 víctimas, ya que la realidad en España es que es de un agente para 39 maltratadas y en el caso de Galicia oscilan en función de las ciudades.
Sin embargo, Modesta Riobó (BNG) y Miguel Angel Fernández (PSdeG) recriminaron a la portavoz de la oposición que aluda a unos ratios que no están recogidos en la Ley Integral contra la Violencia de Género y, tras mostrar el acuerdo sobre la necesidad de seguir velando por las víctimas de los malos tratos, apelaron a la redacción de un nuevo texto que posibilitase un acuerdo.
Antes de cerrar la proposición no de ley, que finalmente se aprobó, las parlamentarias Modesta Riobó y Susana López Abella intercambiaron un cruce de acusaciones. Así, la nacionalista dijo que le preocupa la actitud que mantiene ahora el PP frente a las medidas que adopta la Xunta en el sentido de cuestionar la calidad de los servicios porque pueden poner en duda a las mujeres a la hora de denunciar.
Por su parte, López Abella reprochó a la diputada del BNG que no es capaz de ver nunca en positivo una iniciativa del PP y aseguró que a ella también le preocupa lo que definió como propaganda del vicepresidente de Igualdade, Anxo Quintana, en distintas medidas del ámbito de atención a las mujeres. La diputada popular reivindicó la labor de la oposición y defendió seguir trabajando desde el legislativo para mejorar la labor del ejecutivo.
El PP logró, tras consensuar de palabra un nuevo texto con PSdeG y BNG, sacar adelante una proposición no de ley en este sentido, después de renunciar a incluir la petición de que se creasen unidades hospitalarias específicas para los afectados de parálisis cerebral.
El encargado de defender la proposición no de ley fue el diputado del PP José Manuel Baltar Blanco, quien puntualizó que la iniciativa no es crítica con lo que hace la Xunta, sino que pretende impulsar políticas de prevención, defensa y atención para las personas afectadas por parálisis cerebral y su entorno familiar.
Apuntó que en España hay más de 34.000 personas con parálisis cerebral con edades de entre 6 y 65 años, pero que no se tienen datos sobre los afectados entre 0 y 6 años ni estadísticas por comunidades.
Por ello, justificó la demanda de elaboración de un censo, como elemento que contribuya al diagnóstico y posterior tratamiento de esta enfermedad.
Tanto la diputada del BNG María Cristina Ferreiro como la diputada del PSdeG Mar Barcón coincidieron en resaltar que la actual Consellería de Sanidade promueve un Plan Integral de Atención a Personas con Dano Cerebral, por lo que enmarcaron en esta actuación la idoneidad de crear el censo de personas que padecen daños en el cerebro, incluidas aquellas con parálisis cerebral.
Sin embargo, ni el BNG ni el PSdeG consideró necesaria la creación de unidades específicas para la atención de personas con parálisis cerebral, ya que apoyan la apuesta del Ejecutivo gallego por ofrecer una atención multidisciplinar.
PROTECCION A MALTRATADAS El PP logró contar de nuevo con el respaldo de los grupos que sustentan al bipartito y hoy también se aprobó instar a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para demandar el incremento de los recursos humanos y materiales de las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres que sufren violencia de género.
El objetivo de esta segunda proposición no de ley, también aprobada por unanimidad, es que este aumento de recursos permita reforzar la seguridad e integridad de las mujeres maltratadas.
Asimismo, el texto reclama que intensificar la colaboración entre las distintas administraciones en la lucha contra esta lacra social.
En este caso la defensora de la iniciativa fue la diputada del PP Susana López Abella, quien recordó que la violencia de género sigue siendo una de las peores lacras que sufre la sociedad y reivindicó que los poderes públicos y la sociedad debe involucrarse de forma conjunta en combatirla.
Recordó los avances legislativos logrados en los últimos años, pero quiso poner el acento en la cuestión de la protección y seguridad de las mujeres maltratas y, a partir de datos de la Confederación Española de Policía, aseguró que no se cumple el ratio de un policía encargado a proteger a un máximo de 10 víctimas, ya que la realidad en España es que es de un agente para 39 maltratadas y en el caso de Galicia oscilan en función de las ciudades.
Sin embargo, Modesta Riobó (BNG) y Miguel Angel Fernández (PSdeG) recriminaron a la portavoz de la oposición que aluda a unos ratios que no están recogidos en la Ley Integral contra la Violencia de Género y, tras mostrar el acuerdo sobre la necesidad de seguir velando por las víctimas de los malos tratos, apelaron a la redacción de un nuevo texto que posibilitase un acuerdo.
Antes de cerrar la proposición no de ley, que finalmente se aprobó, las parlamentarias Modesta Riobó y Susana López Abella intercambiaron un cruce de acusaciones. Así, la nacionalista dijo que le preocupa la actitud que mantiene ahora el PP frente a las medidas que adopta la Xunta en el sentido de cuestionar la calidad de los servicios porque pueden poner en duda a las mujeres a la hora de denunciar.
Por su parte, López Abella reprochó a la diputada del BNG que no es capaz de ver nunca en positivo una iniciativa del PP y aseguró que a ella también le preocupa lo que definió como propaganda del vicepresidente de Igualdade, Anxo Quintana, en distintas medidas del ámbito de atención a las mujeres. La diputada popular reivindicó la labor de la oposición y defendió seguir trabajando desde el legislativo para mejorar la labor del ejecutivo.
