La jueza instructora, Pilar de Lara, ha prorrogado por un mes más el secreto de sumario en las actuaciones de la llamada Operación Pokemon, una actuación judicial que investiga la existencia de una supuesta trama para conseguir contratos y concesiones públicas a base de sobornos en varias administraciones gallegas, según informaron fuentes jurídicas a Efe.
La Operación Pokemon, que ya suma más de una treintena de imputados, trascendió a la opinión pública en la última semana de septiembre, cuando la jueza instructora ordenó la detención de varios empresarios y de los entonces alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, así como del ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.
Más tarde fueron imputados también, por un supuesto tráfico de influencias, los regidores locales de Lugo, el socialista José López Orozco, y Santiago, el popular Ángel Currás, que prestó declaración la semana pasada -el día 17- ante la jueza De Lara. Ambos quedaron en libertad sin medidas cautelares.
Ante esta nueva prórroga del secreto de sumario, la abogada que se encarga de la defensa de Fernández Liñares, la letrada coruñesa María Luz Canal, pidió que se 'agilizasen al máximo' aquellas diligencias 'susceptibles de ser violentadas' como consecuencia del conocimiento de la causa por las partes.
De hecho, afirmó que, con independencia de determinadas actuaciones que pueden requerir un mayor cuidado, 'se pueden seguir practicando diligencias' en la causa después de la apertura del secreto de sumario.
Canal recordó que la defensa todavía no ha 'podido contradecir ninguna prueba', dado que cada imputado tiene conocimiento, exclusivamente, de las diligencias que le afectan directamente, cuando 'la contradicción es fundamental' para articular la propia defensa.
En ese sentido, recordó que la justicia tiene que ser 'rápida', porque de lo contrario los imputados acaban padeciendo la denominada 'pena de banquillo'.
Más tarde fueron imputados también, por un supuesto tráfico de influencias, los regidores locales de Lugo, el socialista José López Orozco, y Santiago, el popular Ángel Currás, que prestó declaración la semana pasada -el día 17- ante la jueza De Lara. Ambos quedaron en libertad sin medidas cautelares.
Ante esta nueva prórroga del secreto de sumario, la abogada que se encarga de la defensa de Fernández Liñares, la letrada coruñesa María Luz Canal, pidió que se 'agilizasen al máximo' aquellas diligencias 'susceptibles de ser violentadas' como consecuencia del conocimiento de la causa por las partes.
De hecho, afirmó que, con independencia de determinadas actuaciones que pueden requerir un mayor cuidado, 'se pueden seguir practicando diligencias' en la causa después de la apertura del secreto de sumario.
Canal recordó que la defensa todavía no ha 'podido contradecir ninguna prueba', dado que cada imputado tiene conocimiento, exclusivamente, de las diligencias que le afectan directamente, cuando 'la contradicción es fundamental' para articular la propia defensa.
En ese sentido, recordó que la justicia tiene que ser 'rápida', porque de lo contrario los imputados acaban padeciendo la denominada 'pena de banquillo'.
