Una jueza ha dictado un auto en el que ordena la paralización de la tala de árboles durante tres días, a la espera de que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil presente la documentación correspondiente.
En todo caso, los mismos informadores precisan que la orden judicial no implica la paralización de las obras.
La decisión de la jueza se produjo después de que la Plataforma Sarriana polo Río, el colectivo que se opone a la ejecución de ese proyecto tal y como está concebido, reclamase los servicios de un notario para levantar acta de lo que estaba sucediendo y presentase una denuncia ante el Seprona.
Los miembros de esta plataforma cuestionaron que la tala de esos árboles de ribera contase con el preceptivo permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, dado que están situados a pocos metros del Camino de Santiago.
El colectivo vecinal también interpuso la denuncia ante el Seprona porque si "los árboles que están talando estaban enfermos", la concesionaria estaría "incumpliendo la propia normativa" que regula cómo tienen que realizarse esas cortas para evitar la propagación de las plagas, explicó a EFE uno de los portavoces de la plataforma, Roberto Irimia.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) aclaró que los trabajos que está desarrollando la empresa concesionaria del proyecto para encauzar el río Sarria cuentan "con todos los permisos", incluido el de la Dirección Xeral de Patrimonio, para trabajar en las inmediaciones del Camino de Santiago a su paso por esta localidad lucense.
Fuentes del organismo de cuenca también aclararon a EFE que "se está cumpliendo lo anunciado ayer" por el presidente de la CHMS, Francisco Marín, y que "se talará lo mínimo necesario para que las máquinas se puedan mover".
Al despliegue de la Guardia Civil, para evitar incidentes y garantizar la seguridad en la zona de obra, se ha referido este mediodía en declaraciones a los medios de comunicación el subdelegado del gobierno en Lugo, Ramón Carballo, antes de participar en un acto institucional.
"La presencia policial de la Guardia Civil es la normal en un caso" de este tipo, precisó Ramón Carballo.
Carballo aclaró que la CHMS presentó ayer "un escrito en Subdelegación del Gobierno", en el que pedía que se "desalojase la zona de obra", por motivos "de seguridad" y para poder reanudar los trabajos.
"Eso fue lo que se hizo. Por parte de la Subdelegación del Gobierno se le dio orden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil, para que se fuesen a Sarria y desalojasen", aclaró.
El subdelegado precisó que el "desalojo" se produjo esta mañana "y no hubo ningún tipo de incidente".
"La gente salió y, en este momento, la zona de obra está vallada y la gente que protesta está fuera de la zona de vallado", añadió Carballo, quien insistió en que "no hubo ningún otro incidente", salvo que "hubo que identificar a dos personas que se negaban a salir en un primer momento, pero que al final salieron" sin provocar altercados.
Por otra parte, unos cuarenta miembros de la Plataforma Sarriana polo Río, tras ser desalojados, se concentraron en el Ayuntamiento de la localidad para exigir una reunión con el alcalde, el popular José Antonio García.
