La Fiscalía solicitará las grabaciones televisivas de los hechos, mientras que la USC no descarta personarse en el causa judicial

El Juzgado abre ‘procedimiento penal’ contra cuatro estudiantes identificados

El Juzgado de Instrucción número uno de Santiago de Compostela ha abierto un ‘procedimiento penal’ contra cuatro estudiantes identificados ‘claramente’ durante los altercados contra la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, cuando el pasado martes se disponía a pronunciar una conferencia en la Facultad de Económicas, según confirmaron fuentes judiciales.
El Juzgado de Instrucción número uno de Santiago de Compostela ha abierto un ‘procedimiento penal’ contra cuatro estudiantes identificados ‘claramente’ durante los altercados contra la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, cuando el pasado martes se disponía a pronunciar una conferencia en la Facultad de Económicas, según confirmaron fuentes judiciales.

La causa por la vía penal se ha incoado a raíz del informe preliminar remitido por la Policía Nacional al Juzgado que estaba de guardia el día de los incidentes, el número 1 de Santiago, que también será el que asuma las competencias para instruir esta causa.

El atestado policial relata ‘con precisión’ los hechos e identifica a cuatro de los jóvenes que intervinieron en los altercados y que, según las fuentes judiciales consultadas, tuvieron una participación ‘más significativa’.

No obstante, el fiscal coordinador de Santiago, Mario Piñeiro, avanzó que ‘probablemente’ en los próximos días la Policía remita un atestado más ampliado en el que figuren ‘más personas identificadas’, ya que la decana de la Facultad de Económicas, Maite Cancelo Márquez, elaboró un informe en el que determina la identidad de dos estudiantes de Derecho, dos de Ciencias Políticas, uno de Periodismo, otro de Económicas y otro de Historia.

Asimismo, Mario Piñeiro avanzó que la Fiscalía solicitará que le sean remitidas todas las grabaciones televisivas de los hechos para, a raíz de las imágenes, ‘tratar de individualizar comportamientos’ y determinar quiénes dentro del grupo mantuvieron ‘una actitud más violenta y otras personas que participaron con una actitud más pasiva’. ‘Allí había un grupo de unas 30 personas y no se puede generalizar. Si haces una imputación genérica, alguno se puede escabullir porque las conductas se difuminan en el grupo’, explicó.

Por ello, la Fiscalía de Santiago apuesta por realizar una instrucción ‘en detalle y minuciosa’ para decidir los tipos delictivos que se imputan a cada persona, ya que ‘pueden ser varias las valoraciones’ en función del perfil de cada comportamiento. Así, el fiscal coordinador de Santiago recordó que se registraron algunas ‘amenazas de muerte claras’ y hubo un enfrentamiento directo con policías y con algún profesor, lo que podría ser tipificado como un delito de atentado contra una persona.

Además, agregó que, si a lo largo de la instrucción se mantiene la valoración delictiva, es ‘absolutamente normal’ que sean llamados a declarar tanto la presidenta del PP del País Vasco como ‘testigos directos de los hechos’, tales como los escoltas que resultaron heridos leves.

En vista de la cantidad de implicados y a la espera de si se amplían los imputados, Mario Piñeiro prevé que el proceso lleve ‘unos meses’ y, aunque puntualizó que confía en que las grabaciones permitan agilizar la causa, reconoció su ‘dificultad valorativa importante’. En cualquier caso, insistió en que la instrucción se realizará ‘lo más ágil posible’ dada la ‘relevancia social’ que alcanzaron los hechos.

UNIVERSIDAD.

Por su parte, la Universidade de Santiago de Compostela inició hoy la instrucción de un expediente para exigir las ‘responsabilidades administrativas y académicas que correspondan’ a los siete alumnos identificados por el Decanato de Económicas y designó a un responsable para instruir este caso. Al respecto, el rector de la USC, Senén Barro, insistió en su condena ‘sin paliativos’ de las acciones violentas del grupo de jóvenes.

La USC también continúa con los trámites para facilitar toda la documentación necesaria a la Fiscalía y a las autoridades judiciales e incluso no descarta personarse en el procedimiento judicial correspondiente. La institución docente está recabando toda la información posible ante lo que evalúa como ‘grave incidente’ y, de esta forma, la decana de Económicas ya elaboró el informe en el que se identifican a siete de los estudiantes que intervinieron en los altercados.

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