La Lei de Augas inició ayer su trámite parlamentario tras superar sendas enmiendas de devolución presentadas por los grupos del PSdeG y del BNG, que coincidieron en señalar que este proyecto de la Xunta es meramente recaudatorio.
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que defendió la admisión a trámite del proyecto, que finalmente obtuvo el respaldo del PPdeG, indicó en el pleno del Parlamento que la ley persigue terminar con la idea de 'dejar el grifo abierto', porque 'eso hay que pagarlo', señaló.
La ley prevé la creación de un canon de saneamiento progresivo por el que pagará más quien más gasta, según defiende la Xunta, y declarará de interés gallego el servicio de depuración, para que la Xunta asuma la gestión en caso de que haya problemas locales.
La diputada del BNG Isabel Sánchez Montenegro alegó la necesidad de garantizar un uso del agua servicio universal con el respeto al medio ambiente y explicó que el texto que presentó la Xunta 'no tiene nada que ver' con este objetivo.
incompleta
Según Sánchez, la ley no establece objetivos medioambientales propios y específicos, carece de medidas para sequías e inundaciones, no diseña políticas eficaces, ignora las políticas reutilización y desatiende las regulaciones sobre usos y demandas de agua y compatibilidad con ecosistemas.
También criticó el aumento de hasta un '350 por ciento' en los tributos sobre el agua y se preguntó en dónde queda la 'progresividad', si de partida el grueso de la población se sitúa en el segundo tramo más caro. Igualmente crítica fue la diputada Carmen Gallego (PSdeG) con el proyecto legislativo del Ejecutivo autonómico, cuyo fin, explicó, 'es crear un impuesto y una tasa sobre el agua'.
'El gobierno Feijóo, que es falso que sea austero, sube los impuestos en verano, a ver si no se entera la gente y castiga a las familias más humildes', señaló la diputada socialista.
La ley prevé la creación de un canon de saneamiento progresivo por el que pagará más quien más gasta, según defiende la Xunta, y declarará de interés gallego el servicio de depuración, para que la Xunta asuma la gestión en caso de que haya problemas locales.
La diputada del BNG Isabel Sánchez Montenegro alegó la necesidad de garantizar un uso del agua servicio universal con el respeto al medio ambiente y explicó que el texto que presentó la Xunta 'no tiene nada que ver' con este objetivo.
incompleta
Según Sánchez, la ley no establece objetivos medioambientales propios y específicos, carece de medidas para sequías e inundaciones, no diseña políticas eficaces, ignora las políticas reutilización y desatiende las regulaciones sobre usos y demandas de agua y compatibilidad con ecosistemas.
También criticó el aumento de hasta un '350 por ciento' en los tributos sobre el agua y se preguntó en dónde queda la 'progresividad', si de partida el grueso de la población se sitúa en el segundo tramo más caro. Igualmente crítica fue la diputada Carmen Gallego (PSdeG) con el proyecto legislativo del Ejecutivo autonómico, cuyo fin, explicó, 'es crear un impuesto y una tasa sobre el agua'.
'El gobierno Feijóo, que es falso que sea austero, sube los impuestos en verano, a ver si no se entera la gente y castiga a las familias más humildes', señaló la diputada socialista.
