Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han reclamado que la financiación que el Gobierno central les transfiere para atender la Ley de Dependencia se vincule al servicio asistencial que se presta. Esta petición fue formulada por la titular de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, que ayer hizo de anfitriona en Santiago de Compostela de los consejeros en materia de asuntos sociales de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
'Si la financiación del Gobierno va en función del servicio que se presta, será mucho más fácil garantizar la calidad de atención que necesitan los dependientes', aseguró Mato, y anunció que esta petición será planteada en el próximo Consejo Interterritorial de Dependencia. Además, sostuvo que este procedimiento tendría una repercusión directa en la calidad del servicio al dependiente y en la creación de puestos de trabajo y en su mantenimiento.
DIFERENCIAS
'No es lo mismo una prestación económica que un servicio en una plaza de residencia o centro de día', dijo la conselleira, que incidió en que la ayuda procedente del Gobierno debe estar vinculada al servicio que se prestado desde la comunidad autónoma, 'bien sea una libranza económica al cuidador o una plaza en una residencia', dijo. Asimismo, aludió al compromiso de las comunidades autónomas con la Ley de Dependencia, y en este sentido afirmó que son estas 'las que estamos atendiendo las necesidades de nuestros dependientes'. Según la cifra aportada por Beatriz Mato, las comunidades autónomas financian entre el 70 y el 80 por ciento del gasto que supone la prestación de los servicios a personas dependientes.
En esta línea, la titular de Traballo subrayó el compromiso de las comunidades autónomas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. 'Un compromiso que se evidencia -dijo- en una clarísima voluntad política en el desarrollo de la Ley y, lo más importante, en la atención con calidad a los dependientes'.
También se refirió al esfuerzo financiero que tienen que realizar las comunidades autónomas para poder dar respuesta a los servicios que demandan las personas dependientes.
DIFERENCIAS
'No es lo mismo una prestación económica que un servicio en una plaza de residencia o centro de día', dijo la conselleira, que incidió en que la ayuda procedente del Gobierno debe estar vinculada al servicio que se prestado desde la comunidad autónoma, 'bien sea una libranza económica al cuidador o una plaza en una residencia', dijo. Asimismo, aludió al compromiso de las comunidades autónomas con la Ley de Dependencia, y en este sentido afirmó que son estas 'las que estamos atendiendo las necesidades de nuestros dependientes'. Según la cifra aportada por Beatriz Mato, las comunidades autónomas financian entre el 70 y el 80 por ciento del gasto que supone la prestación de los servicios a personas dependientes.
En esta línea, la titular de Traballo subrayó el compromiso de las comunidades autónomas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. 'Un compromiso que se evidencia -dijo- en una clarísima voluntad política en el desarrollo de la Ley y, lo más importante, en la atención con calidad a los dependientes'.
También se refirió al esfuerzo financiero que tienen que realizar las comunidades autónomas para poder dar respuesta a los servicios que demandan las personas dependientes.
