L l magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela cuestionó el endurecimiento del Código Penal en materia de blanqueo de capitales, prevaricación o incendios al considerar que 'la solución' para erradicar estos comportamientos 'está en la prevención' y 'no en castigar' las actuaciones 'una vez que ya han ocurrido', una postura que choca con la defendida por los ejecutivos central y gallego, favorables al endurecimiento de condenas para quienes prenden fuego a los montes.
De esta manera se pronunció ayer en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en el III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero que se desarrolla en Santiago de Compostela.
En este escenario, el magistrado indicó que en materia de blanqueo de capitales, como en otras 'manifestaciones delictivas habituales', 'la solución' para 'evitar estos comportamientos' pasa por llevar a cabo una labor de 'prevención'. 'En Galicia esto pasa con los incendios', consideró antes de asegurar que 'poner un año más de cárcel teórica a los incendiarios cada nuevo ejercicio es una demostración de que el derecho penal puede reprimir pero no ser eficaz a objetivos que no les son propios como la prevención y erradicación'.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Precisamente, el pasado día 11, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció en la capital gallega que el Consejo de Ministros aprobará este mes el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas a los culpables de delitos de incendios forestales y exigirles responsabilidad patrimonial por el daño causados.
Ruiz-Gallardón se reunió la pasada semana con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien se mostró a favor del endurecimiento de penas para los incendiarios, una postura que viene defendiendo con ahínco desde el fuego forestal declarado en las Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña.
En su intervención, pese a señalar que la legislación española introduce 'instrumentos jurídicos' que 'pueden impedir' prácticas como la prevaricación, apostó por 'prevenir' a través de la puesta en marcha de 'cuerpos de funcionarios y técnicos independientes' que 'hagan imposible que estas actuaciones continúen'. Para ello, consideró necesario 'disponer de funcionarios que puedan ejercer esta función' y ha defendido la figura de estos profesionales que, como ha apuntado, 'con gran categoría trabajan día a día en el tema', actitud que, a su juicio, 'exige una inequívoca toma de posición del poder político a su lado'.
En materia de blanqueo de capitales y el tratamiento que la justicia da a ese delito, indicó que 'la clave' es 'si la normativa es suficientemente compatible con los valores de la Constitución' o 'si hay un exceso de regulación'.
En este escenario, el magistrado indicó que en materia de blanqueo de capitales, como en otras 'manifestaciones delictivas habituales', 'la solución' para 'evitar estos comportamientos' pasa por llevar a cabo una labor de 'prevención'. 'En Galicia esto pasa con los incendios', consideró antes de asegurar que 'poner un año más de cárcel teórica a los incendiarios cada nuevo ejercicio es una demostración de que el derecho penal puede reprimir pero no ser eficaz a objetivos que no les son propios como la prevención y erradicación'.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Precisamente, el pasado día 11, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció en la capital gallega que el Consejo de Ministros aprobará este mes el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas a los culpables de delitos de incendios forestales y exigirles responsabilidad patrimonial por el daño causados.
Ruiz-Gallardón se reunió la pasada semana con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien se mostró a favor del endurecimiento de penas para los incendiarios, una postura que viene defendiendo con ahínco desde el fuego forestal declarado en las Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña.
En su intervención, pese a señalar que la legislación española introduce 'instrumentos jurídicos' que 'pueden impedir' prácticas como la prevaricación, apostó por 'prevenir' a través de la puesta en marcha de 'cuerpos de funcionarios y técnicos independientes' que 'hagan imposible que estas actuaciones continúen'. Para ello, consideró necesario 'disponer de funcionarios que puedan ejercer esta función' y ha defendido la figura de estos profesionales que, como ha apuntado, 'con gran categoría trabajan día a día en el tema', actitud que, a su juicio, 'exige una inequívoca toma de posición del poder político a su lado'.
En materia de blanqueo de capitales y el tratamiento que la justicia da a ese delito, indicó que 'la clave' es 'si la normativa es suficientemente compatible con los valores de la Constitución' o 'si hay un exceso de regulación'.
