La Xunta aprobó ayer, en su primer Consello ordinario tras la elección del nuevo Gobierno, un plan de realojo de afectados por las ejecuciones hipotecarias, que supondrá el empleo de unas 500 viviendas de protección oficial que se encuentran vacías. Este cupo se antoja insuficiente si se tiene en cuenta que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en el primer semestre de 2012 perdieron su vivienda en Galicia por esta causa 1.979 familias, lo que supone 827 desahucios más que en el mismo periodo del año anterior.
Para acceder a las 500 viviendas que habilitará la Xunta tendrán prioridad, entre otros, colectivos como familias numerosas, con escasos recursos o dependientes a su cargo. Con este programa, las familias que cobren lo equivalente al Iprem, indicador que se emplea para otorgar becas o subvenciones y que en 2012 está en 532,51 euros, accederán de manera gratuita a uno de estos domicilios de promoción pública por un plazo de un año, renovable hasta dos.
El plan supondrá el uso de viviendas próximas al domicilio de los afectados por desahucios, mientras que en el caso de que no se disponga de pisos cercanos, se abrirá la posibilidad del empleo de otros en régimen de alquiler. La medida será de aplicación inmediata en el caso de adjudicación de viviendas de promoción pública que estén vacías y que sean titularidad de la Comunidad autónoma.
ELABORACIÓN DE REQUISITOS
Tras aprobar ayer el Consello de la Xunta esta disposición, se inicia la tramitación de una orden que concrete los requisitos de quienes se pueden acoger al plan, en el que tendrán prioridad quienes no tengan ingresos superiores a 2,5 veces la renta Iprem. Además, para acogerse a la medida debe tratarse de la única vivienda del afectado.
Entre las prioridades de la medida figuran, en primer lugar, las familias numerosas, las monoparentales con hijos a cargo, unidades en las que uno de sus miembros o pariente tienen declarada discapacidad o enfermedad que incapacite para ejercer actividad laboral; y también cuando el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo o las víctimas de violencia machista.Se pondrán a disposición de estas familias cerca de 200 viviendas de promoción pública, 150 de ellas de manera inmediata, y otras 46 a lo largo de 2013.
En el caso de que los ingresos sean inferiores al IPREM, la adjudicación será en régimen de ocupación temporal con el plazo inicial de un año y sin coste de alquiler, renovable hasta dos.
Cuando los ingresos están entre el 1 y 2,5 por ciento del indicador, la adjudicación será en régimen de alquiler mediante el pago de las rentas establecidas en el decreto que regula las viviendas de promoción pública, y que puede calcularse entre 80 y 150 euros al mes.
Respecto al programa de alquiler, subrayó que se empleará cuando no haya disponibles viviendas de promoción pública en un lugar próximo a la vivienda del desahuciado. Los beneficiaros estimados de los dos programas son unas 500 familias.
El plan supondrá el uso de viviendas próximas al domicilio de los afectados por desahucios, mientras que en el caso de que no se disponga de pisos cercanos, se abrirá la posibilidad del empleo de otros en régimen de alquiler. La medida será de aplicación inmediata en el caso de adjudicación de viviendas de promoción pública que estén vacías y que sean titularidad de la Comunidad autónoma.
ELABORACIÓN DE REQUISITOS
Tras aprobar ayer el Consello de la Xunta esta disposición, se inicia la tramitación de una orden que concrete los requisitos de quienes se pueden acoger al plan, en el que tendrán prioridad quienes no tengan ingresos superiores a 2,5 veces la renta Iprem. Además, para acogerse a la medida debe tratarse de la única vivienda del afectado.
Entre las prioridades de la medida figuran, en primer lugar, las familias numerosas, las monoparentales con hijos a cargo, unidades en las que uno de sus miembros o pariente tienen declarada discapacidad o enfermedad que incapacite para ejercer actividad laboral; y también cuando el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo o las víctimas de violencia machista.Se pondrán a disposición de estas familias cerca de 200 viviendas de promoción pública, 150 de ellas de manera inmediata, y otras 46 a lo largo de 2013.
En el caso de que los ingresos sean inferiores al IPREM, la adjudicación será en régimen de ocupación temporal con el plazo inicial de un año y sin coste de alquiler, renovable hasta dos.
Cuando los ingresos están entre el 1 y 2,5 por ciento del indicador, la adjudicación será en régimen de alquiler mediante el pago de las rentas establecidas en el decreto que regula las viviendas de promoción pública, y que puede calcularse entre 80 y 150 euros al mes.
Respecto al programa de alquiler, subrayó que se empleará cuando no haya disponibles viviendas de promoción pública en un lugar próximo a la vivienda del desahuciado. Los beneficiaros estimados de los dos programas son unas 500 familias.
