Varios chabolistas quisieron entrar, sin éxito, en las viviendas de protección oficial Primero de Mayo
Las familias que mantienen ocupadas las casas del Ministerio de Fomento y Consellería de Medio Ambiente entre las calles San Rosendo y San Antón de Verín no son las primeras que intentan hacerse con una vivienda por la fuerza. Hace cinco meses, otro grupo de familias intentó ocupar los pisos de protección oficial que estaban libres en el barrio Primero de Mayo, situado en la parte posterior del Hospital Comarcal.
Así lo dio a conocer ayer el alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, en el transcurso de una sesión plenaria ante una pregunta de la portavoz del BNG, Perfecta Losada, sobre la situación en que están los actuales "okupas". El regidor no especificó si se trata de las mismas familias, pero recordó que el barrio del Primero de Mayo no lo consiguieron. "Las casas que están ocupadas ahora ya las solicitó el Concello. Una de ellas pretendía convertirla en sede de Protección Civil, pero no nos las cedieron", apuntó el regidor, recordando que los inmuebles son al 50% de Medio Ambiente y Fomento que, según dijo, ya pusieron el problema de los "okupas" en manos de la Abogacía del Estado para que el juzgado proceda a su desalojo. "Solo cedieron el uso de una para el centro de discapacitados de la Mancomunidad", apuntó.
Entre los concejales de Verín, está el nacionalista Oscar Núñez, que vivió su infancia en una de las viviendas ahora ocupadas. El edil recordaba ayer que uno de los inmuebles, el número 20, nunca había sido ocupada. La estrena ahora una de estas familias.
Las casas fueron construidas para los trabajadores encargados de la conservación de carreteras y, según Núñez Álvarez, la mayor parte de ellos intentó hacerse con ellas, comprarlas en propiedad, "pero non foi posible, nunca intentaron vendelas".
Mientras, los "okupas" continuaban ayer expectantes a cualquier movimiento ante el temor de que la orden de desalojo pueda llegar en cualquier momento. Las nueve familias no están dispuestas a marcharse y ayer insistían en que llevaban años reclamando viviendas sociales para no estar con sus hijos en chabolas. El alcalde, Jiménez Morán, se mostró dispuesto a seguir ayudando al colectivo. "Ahora mismo hay una brigada municipal y de sus 20 trabajadores, 11 son de etnia gitana", apuntó.
