La justicia chilena concedió la libertad vigilada a los autores del asesinato de quince campesinos, ocurrido en la localidad sureña de Liquiñe, pocos días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, informaron fuentes judiciales.
Los favorecidos son el coronel retirado de Ejército Hugo Guerra Jorquera y el empresario hotelero Luis García Guzmán, que en primera instancia fueron condenados por la Corte de Apelaciones de Santiago a 18 y cinco años y un día, respectivamente.
Sin embargo, la Corte Suprema rebajó las penas a cinco y tres años y les concedió con ello el beneficio de cumplir las condenas en el régimen de libertad vigilada.
El abogado querellante Boris Paredes, del programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, dijo que 'éste es un fallo escandaloso y perverso, es una impunidad encubierta porque incluso sería menos vergonzoso aplicar directamente la amnistía o la prescripción en esta masacre'.
Paredes agregó que 'alguna vez estos jueces tendrán que dar la cara frente a la historia'.
El fallo fue dictado por los ministros Nibaldo Segura, Hugo Dolmetsch y Carlos Kunsemüller, y los abogados integrantes Juan Cárcamo y Domingo Hernández.
Estos condenaron al fisco a pagar 110 millones de pesos a familiares de las víctimas.
La noche del 10 de octubre de 1973, casi un mes después del golpe militar que puso en el poder al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), los quince campesinos fueron subidos amarrados a dos camionetas de propiedad de García y llevados hasta el puente Toltén sobre el río del mismo nombre, en la localidad de Villarrica.
Allí las tropas comandadas por Guerra Jorquera los bajaron, los pusieron en fila sobre el puente y estando vivos les abrieron el vientre con corvos (cuchillo militar) para evitar que flotaran, después los acribillaron a tiros y lanzaron sus cuerpos al río.
Los restos de los campesinos asesinados nunca fueron recuperados, ni por la policía ni por sus familiares.
Sin embargo, la Corte Suprema rebajó las penas a cinco y tres años y les concedió con ello el beneficio de cumplir las condenas en el régimen de libertad vigilada.
El abogado querellante Boris Paredes, del programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, dijo que 'éste es un fallo escandaloso y perverso, es una impunidad encubierta porque incluso sería menos vergonzoso aplicar directamente la amnistía o la prescripción en esta masacre'.
Paredes agregó que 'alguna vez estos jueces tendrán que dar la cara frente a la historia'.
El fallo fue dictado por los ministros Nibaldo Segura, Hugo Dolmetsch y Carlos Kunsemüller, y los abogados integrantes Juan Cárcamo y Domingo Hernández.
Estos condenaron al fisco a pagar 110 millones de pesos a familiares de las víctimas.
La noche del 10 de octubre de 1973, casi un mes después del golpe militar que puso en el poder al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), los quince campesinos fueron subidos amarrados a dos camionetas de propiedad de García y llevados hasta el puente Toltén sobre el río del mismo nombre, en la localidad de Villarrica.
Allí las tropas comandadas por Guerra Jorquera los bajaron, los pusieron en fila sobre el puente y estando vivos les abrieron el vientre con corvos (cuchillo militar) para evitar que flotaran, después los acribillaron a tiros y lanzaron sus cuerpos al río.
Los restos de los campesinos asesinados nunca fueron recuperados, ni por la policía ni por sus familiares.
