La bancarrota de Detroit golpeó en la línea de flotación de las pensiones de empleados públicos en EEUU, un sistema cuyos conocidos problemas financieros quedaron en evidencia ante la insolvencia de algunas ciudades del país. La decisión de un juez en Michigan de autorizar la quiebra de Detroit obligará a los sindicatos a renegociar con los municipios las pagas de jubilación prometidas a los funcionarios, incluidas las de quienes ya están retirados.
'Las pensiones quedan sujetas a recortes igual que las cantidades adeudadas por la ciudad con entidades financieras de Wall Street, todo está en el mismo saco', aseguró Frank Shafroth, uno de los artífices de la Ley de Bancarrota Municipal vigente desde 1988, y profesor de la Universidad George Mason en Virginia.
Detroit solicitó en julio a los tribunales poder declararse en bancarrota. Los sindicatos recordaron a la Corte que los planes de pensiones son estatales, amparados por la Constitución de Michigan, cuya soberanía está reconocida por la Carta Magna de EE.UU. El miércoles, el juez sentó un precedente al sentenciar que la ley federal de quiebras no tiene que respetar prebendas estatales, lo que supuso un varapalo no solo en la ciudad del motor, también en California.
En ese estado la entidad gestora de los fondos de pensiones de más de 1,6 millones de empleados públicos, CalPers, se enfrenta con una situación similar a la de Detroit en las ciudades de San Bernardino y Stockton, ambas oficialmente en bancarrota y con una disputa en marcha para evitar que las pensiones sean una deuda más. 'La decisión judicial es corta de miras y no tiene en cuenta las promesas hechas a cambio de las inversiones financieras y físicas que los empleados públicos y jubilados hacen en sus comunidades', se afirma en un comunicado emitido por CalPers. La entidad californiana quiso dejar claro que lo ocurrido en Detroit 'no es aplicable a un sistema de pensiones estatal como el de CalPers' e insiste en que las pensiones están protegidas por la constitución de California.
EMPEZAR DE NUEVO
Shafroth, lejos de ser crítico, tomó el fallo como una 'buena noticia'. 'Da a la ciudad una oportunidad para empezar de nuevo. Se estaba quedando sin dinero tan rápido que había un riesgo real de ruina en los próximos dos meses. No podían esperar más tiempo', explicó el profesor. Los únicos que parecen tener garantizados sus ingresos son los empleados que realizan una función crítica para que la ciudad continúe funcionando de forma segura, apuntó el experto.
La situación de quiebra, que básicamente reconoce la incapacidad de la urbe para devolver sus deudas en tiempo y forma, protege a Detroit frente a sus acreedores, en torno a 100.000, y obliga a ambas partes a sentarse a negociar.
Detroit solicitó en julio a los tribunales poder declararse en bancarrota. Los sindicatos recordaron a la Corte que los planes de pensiones son estatales, amparados por la Constitución de Michigan, cuya soberanía está reconocida por la Carta Magna de EE.UU. El miércoles, el juez sentó un precedente al sentenciar que la ley federal de quiebras no tiene que respetar prebendas estatales, lo que supuso un varapalo no solo en la ciudad del motor, también en California.
En ese estado la entidad gestora de los fondos de pensiones de más de 1,6 millones de empleados públicos, CalPers, se enfrenta con una situación similar a la de Detroit en las ciudades de San Bernardino y Stockton, ambas oficialmente en bancarrota y con una disputa en marcha para evitar que las pensiones sean una deuda más. 'La decisión judicial es corta de miras y no tiene en cuenta las promesas hechas a cambio de las inversiones financieras y físicas que los empleados públicos y jubilados hacen en sus comunidades', se afirma en un comunicado emitido por CalPers. La entidad californiana quiso dejar claro que lo ocurrido en Detroit 'no es aplicable a un sistema de pensiones estatal como el de CalPers' e insiste en que las pensiones están protegidas por la constitución de California.
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Shafroth, lejos de ser crítico, tomó el fallo como una 'buena noticia'. 'Da a la ciudad una oportunidad para empezar de nuevo. Se estaba quedando sin dinero tan rápido que había un riesgo real de ruina en los próximos dos meses. No podían esperar más tiempo', explicó el profesor. Los únicos que parecen tener garantizados sus ingresos son los empleados que realizan una función crítica para que la ciudad continúe funcionando de forma segura, apuntó el experto.
La situación de quiebra, que básicamente reconoce la incapacidad de la urbe para devolver sus deudas en tiempo y forma, protege a Detroit frente a sus acreedores, en torno a 100.000, y obliga a ambas partes a sentarse a negociar.
