Decenas de discapacitados bolivianos que exigen un subsidio anual de 431 dólares han cumplido hoy una semana acampados cerca del Palacio de Gobierno, a la espera de reanudar el diálogo, ya que rechazan la pensión ofrecida, de 143 dólares al año.
Medio centenar de personas, inválidos en silla de rueda o con muletas, permanecen en vigilia desde el jueves de la semana pasada a una calle de la Plaza Murillo de La Paz, donde están el Palacio Quemado y el Parlamento, para reclamar al presidente Evo Morales el subsidio.
Los manifestantes y sus familiares llegaron la semana pasada a La Paz tras recorrer durante cien días cinco de las nueve regiones bolivianas, pero la policía les cerró el paso cuando intentaron entrar a la Plaza Murillo.
Dos dirigentes de los discapacitados, Camilo Bianchi y Jaime Estivaris, este también diputado de oposición, han decidido hoy dejar sus cargos para que el Gobierno deje de insistir en que la protesta es política y acepte dialogar, ha explicado a Efe otro líder de la movilización, Elí Pedriel.
'Para que no crean que tenemos temas políticos. Por eso se están haciendo a un lado Estiveris y Bianchi', señaló.
La presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño, acusó hoy a Estivaris de haber 'destruido' las posibilidades de diálogo, que no será posible mientras él mantenga su actitud.
Cuando llegaron a La Paz, los discapacitados intentaron entrar a la citada plaza, pero cientos de policías lo impidieron, lo que originó una trifulca que terminó con decenas de heridos de ambos lados, en general leves, y siete manifestantes apresados.
Desde entonces, los discapacitados radicalizaron su postura y tomaron medidas como atarse a las rejas de un templo o enjaularse. Algunos incluso se han sacado sangre para pintar pancartas de protesta.
Morales se niega a recibir a los líderes, argumentando que desconocieron acuerdos, y asegura que hubo grupos políticos 'infiltrados', aunque la foto que mostraron las autoridades para probarlo es de un familiar de un impedido que empujaba una de las sillas de ruedas.
La Presidencia anunció que hoy Morales iba a promulgar una nueva ley de trato preferente para las personas con discapacidad, pero el acto fue suspendido a última hora sin explicaciones ni nueva fecha.
Pero entre los peticionarios ya no hay unanimidad: un grupo rechaza la nueva ley por considerarla insuficiente, mientras otro, liderado por Pedriel, la acepta con la condición de que en su reglamento se incluyan propuestas concretas sobre trabajo, salud y un fondo que les beneficie.
Pedriel no descartó otra caravana, esta vez hacia la frontera con Perú, si el Gobierno sigue sin atenderles, e insistió en que el subsidio anual de 143 dólares que ofrece Morales es mínimo, aunque está dispuesto a aceptarlo por este año y negociar un aumento desde 2013.
Los discapacitados se quejan de que el Gobierno les ofrece una ayuda menor a la que tienen los criminales encarcelados.
