La Justicia egipcia anunció ayer que examinará el próximo 4 de diciembre la validez del decreto que blinda los poderes del presidente, Mohamed Mursi, quien se reunió con los magistrados para tratar de dar una salida a la crisis. En esa fecha, el Tribunal Administrativo de Egipto estudiará las doce denuncias que piden el cese de la aplicación y la anulación de la declaración constitucional, emitida por Mursi el pasado jueves.
El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado, explicó que los recursos apuntan que el jefe de Estado no tiene derecho a tomar estas medidas sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces. Las denuncias, una de ellas presentada por el presidente del poderoso Club de Jueces, Ahmed el Zind, acusan además a Mursi de abuso de poder por declarar sus decisiones definitivas e inapelables ante la Justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución.
Este decreto desencadenó una oleada de protestas en Egipto, que hasta el momento ha dejado un muerto y más de 440 heridos, de acuerdo a los datos difundidos ayer por el Ministerio egipcio de Sanidad. También ha tensado aún más la relación entre Mursi y la mayoría de los magistrados, que pretenden que el presidente recule de 'inmediato' y anule su declaración constitucional.
Para tratar de resolver la crisis, Mursi se entrevistó con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, una reunión que a última hora de la tarde no había terminado. El Consejo Superior de Justicia calificó de 'agresión sin precedentes contra la independencia del poder judicial' la declaración constitucional, aunque ha pedido a los magistrados que no secunden la huelga convocada por el Club de Jueces.
Este decreto desencadenó una oleada de protestas en Egipto, que hasta el momento ha dejado un muerto y más de 440 heridos, de acuerdo a los datos difundidos ayer por el Ministerio egipcio de Sanidad. También ha tensado aún más la relación entre Mursi y la mayoría de los magistrados, que pretenden que el presidente recule de 'inmediato' y anule su declaración constitucional.
Para tratar de resolver la crisis, Mursi se entrevistó con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, una reunión que a última hora de la tarde no había terminado. El Consejo Superior de Justicia calificó de 'agresión sin precedentes contra la independencia del poder judicial' la declaración constitucional, aunque ha pedido a los magistrados que no secunden la huelga convocada por el Club de Jueces.
