Este martes se celebra el día mundial Contra la mutilación genital femenina. En España hay más de 18.000 niñas en riesgo de sufrirla
La batalla contra la mutilación genital debe librarse desde cualquier país del mundo, porque no es ajena en lugares como España, donde hay más de 18.000 niñas en riesgo de sufrirla, y debe hacerse a través de la educación y la mediación con las comunidades, dejando la sanción penal como último recurso.
Responsables de administraciones y expertos de distintos ámbitos, de la sanidad, del derecho y de la universidad, junto a organizaciones sociales han debatido cómo actuar contra "la forma más brutal de violencia de género", durante la Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, celebrada en la sede del Ayuntamiento de Madrid.
"Tiene que dejar de ser un condena nacer niña en algunos países del mundo", como Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana y Guinea, por ejemplo, donde se realiza esa práctica, ha reclamado la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), entidad que ha organizado la jornada.
La ablación, también en España
En España viven 70.000 mujeres originarias de alguno de esos países en los que está extendida la práctica, de las que más de 18.000 son menores de 14 años, según datos de la Fundación Wassu.
Las personas de esas nacionalidades se concentran en siete comunidades principalmente: Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, País Vasco, Aragón y Murcia.
"El 50 por ciento vive en Cataluña, que aplica un protocolo ante estas situaciones", ha explicado Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien ha destacado que "la sanción penal es homogénea en España, pero la intervención es dispar en cada comunidad autónoma".
Esta investigadora defiende que el enfoque punitivo debe ser la última opción y propone trabajar desde el ámbito de la sensibilización, con las comunidades y con los hombres y mujeres, y formando a profesionales para la detección de los casos.
"Habría también que adaptar el tipo penal a cada situación porque si son muy elevadas las penas, se desincentiva la denuncia de los familiares", ha advertido.
El Código Penal castiga la mutilación genital femenina como un delito. Los padres pueden ir a la cárcel entre 6 y 12 años y perder la custodia de sus hijas; la ley castiga esta práctica aunque se realice fuera de España, recuerda UNAF.
"Sería bueno tener un registro de casos, que no hay, porque falta todavía mucha información y sensibilización entre los profesionales con algún tipo de contacto con personas de esas nacionalidades" a través de los servicios sociales o sanitarios, asegura Luisa Antolín Villota, técnico de los programas de promoción de la Salud Sexual e Intervención ante la Mutilación Genital de UNAF.
La importancia de trabajar con la comunidad
La experta señala que el protocolo sanitario es lo más desarrollado, pero insiste en la importancia de trabajar más en la sensibilización, como hace su organización con talleres que imparten a profesionales y personas de esas comunidades.
Como Ibrahim Bah y Aissatou Barry, un matrimonio de Guinea Conakry, que vive desde hace dos años en España y que han decidido impedir que le practiquen la mutilación genital a su hija cuando viajen a su país.
"Fue duro adoptar esta decisión porque nuestra familia no lo entiende muy bien, pero vamos a seguir hablando para que se den cuenta de que no debe hacerse", explica Ibrahim, que se ha convertido en mediador intercultural y activista contra esa práctica.
