Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) debatirán hoy medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre el ámbito agroalimentario, mientras que España, respaldada por doce países, pedirá a Bruselas acciones europeas para paliar el impacto de los precios del combustible en el sector pesquero. Ucrania era antes de la invasión militar rusa un importante exportador de cereales y oleaginosas, como el trigo, el maíz o el girasol, pero la guerra ha paralizado las ventas de los productos agrícolas ucranianos, que en el club comunitario eran especialmente relevantes para la alimentación del ganado. Si bien el conflicto bélico no va a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea, sí podría tener repercusiones sobre el abastecimiento en Oriente Medio y África del Norte.
La Comisión Europea está preparando medidas de apoyo al sector primario de la UE como ayudas al almacenamiento privado de la carne de cerdo, el uso de la reserva de crisis o la posibilidad de realizar cultivos en tierras en barbecho. De hecho, el próximo 23 de marzo el Ejecutivo comunitario tiene previsto publicar una comunicación sobre seguridad alimentaria que recogerá medidas a corto, medio y largo plazo.
La guerra se ha unido a los problemas que el sector agrario ya acarreaba por la subida de los precios de la energía o los piensos, la crisis en el sector de la carne de cerdo y, en el caso de España, la sequía. En ese contexto, el ministro ucraniano de Agricultura, Roman Leshchenko, intervendrá por videoconferencia en el encuentro del lunes y, a continuación, ya solo los titulares de los Veintisiete, tratarán la situación de los mercados agrarios tras la crisis de Ucrania y las posibles respuestas de la Comisión.
España defiende aumentar el potencial productivo de la UE y mantener el buen funcionamiento del mercado interior, sin imponer limitaciones a las exportaciones entre los Estados del club comunitario, indicaron fuentes diplomáticas. Igualmente, se aboga por una buena comunicación de las mercancías agroalimentarias almacenadas en cada país de la Unión, con informes semanales, de modo que se sepa dónde se encuentran los productos.
Además, se apoya la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios para emplear la reserva de crisis, un mecanismo para intervenir en casos de graves perturbaciones de mercado y que debería dar lugar a la habilitación de recursos para los sectores más afectados.
Almacenamiento
En cuanto a la concesión de ayudas para el almacenamiento privado de la carne de cerdo, que tiene el objetivo de mejorar los precios al reducir la oferta, las fuentes diplomáticas señalaron que España lo apoya, si bien no le parece “la mejor medida ahora en este contexto, donde no hay un problema de precios, sino de coste de insumos”. Del mismo modo, España respalda poder destinar las superficies de barbecho o superficies de interés ecológico a la producción de proteaginosas o de cereales y a pastoreo, así como excepciones en la rotación y diversificación de cultivos.
Madrid también defiende que se adopten medidas para facilitar la entrada de materias primas, sobre todo para alimentación animal, si bien el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya flexibilizó el pasado lunes temporalmente los requisitos para importar maíz de Argentina y Brasil.
Por otra parte, España pedirá a la Comisión medidas para frenar el impacto en el sector pesquero del aumento del precio del combustible, que forzó el amarre de parte de la flota. España planteó incluir esa cuestión en la reunión y otros doce países (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía, y Eslovenia) se sumaron a la petición.
