El valor de los rescates pagados en 2009 a piratas que operan en aguas somalíes fue de entre 60 y 80 millones de dólares, según los cálculos del almirante británico Peter Hudson, comandante de la 'Operación Atalanta' desplegada por la Unión Europea en 2008 para hacer frente a la piratería en aguas del Indico.
Hudson detalló en rueda de prensa la situación de la misión europea y las perspectivas para 2010, año en el que la UE debe decidir si prorroga su mandato. 'El fenómeno de la piratería no es nuevo. No es un problema que se resuelva de un día para otro. Trabajamos con Mogadiscio para mantener el impulso de la UE', dijo el almirante.
Además, señaló que las tácticas de los piratas son cada vez más 'agresivas'. En cuanto al número de ellos que actúa en esa zona, Hudson habló de 'varios miles' sin detallar una cifra concreta y subrayó que también existen 'piratas ocasionales'.
Desde 2007 unos 11 ó 12 piratas han resultado muertos en las operaciones para liberar buques secuestrados y el año pasado un total de 75 fueron detenidos y transferidos a la vecina Kenia para ser juzgados.
Se calcula que en esa zona del Indico transitan entre 25.000 y 35.000 buques y uno de los objetivos de la Operación Atalanta es custodiar los barcos del Programa Alimentario Mundial (PAM) que llevan ayuda humanitaria a Somalia.
Preguntada su opinión sobre el pago de rescates, dado que eso puede estimular aún más los actos de piratería, Hudson respondió que los Gobiernos de la UE son 'unánimes' al considerar que los rescates 'no ayudan'. No obstante, reconoció que al final son los armadores los que llevan a cabo las negociaciones porque son quienes tienen seguros y muchos trabajadores a quienes los piratas toman como rehenes.
'Y es perfectamente comprensible que quieran terminar rápidamente con el secuestro y paguen un rescate. Pero los gobiernos de la UE tienen una política muy clara al respecto', resumió.
TRIBUNAL REGIONAL
Por otra parte, un grupo de trabajo creado bajo el paraguas de Naciones Unidas analiza la posibilidad de crear una jurisdicción con una cámara especializada que se apoye en una organización o tribunal regional para juzgar a los detenidos por piratería.
La UE quiere buscar una solución 'a largo plazo' y aunque hay 'divergencias' en el seno del grupo de trabajo empieza a generarse un consenso en torno a la idea de un tribunal especializado, según indicaron representantes del Consejo de la UE.
Además, señaló que las tácticas de los piratas son cada vez más 'agresivas'. En cuanto al número de ellos que actúa en esa zona, Hudson habló de 'varios miles' sin detallar una cifra concreta y subrayó que también existen 'piratas ocasionales'.
Desde 2007 unos 11 ó 12 piratas han resultado muertos en las operaciones para liberar buques secuestrados y el año pasado un total de 75 fueron detenidos y transferidos a la vecina Kenia para ser juzgados.
Se calcula que en esa zona del Indico transitan entre 25.000 y 35.000 buques y uno de los objetivos de la Operación Atalanta es custodiar los barcos del Programa Alimentario Mundial (PAM) que llevan ayuda humanitaria a Somalia.
Preguntada su opinión sobre el pago de rescates, dado que eso puede estimular aún más los actos de piratería, Hudson respondió que los Gobiernos de la UE son 'unánimes' al considerar que los rescates 'no ayudan'. No obstante, reconoció que al final son los armadores los que llevan a cabo las negociaciones porque son quienes tienen seguros y muchos trabajadores a quienes los piratas toman como rehenes.
'Y es perfectamente comprensible que quieran terminar rápidamente con el secuestro y paguen un rescate. Pero los gobiernos de la UE tienen una política muy clara al respecto', resumió.
TRIBUNAL REGIONAL
Por otra parte, un grupo de trabajo creado bajo el paraguas de Naciones Unidas analiza la posibilidad de crear una jurisdicción con una cámara especializada que se apoye en una organización o tribunal regional para juzgar a los detenidos por piratería.
La UE quiere buscar una solución 'a largo plazo' y aunque hay 'divergencias' en el seno del grupo de trabajo empieza a generarse un consenso en torno a la idea de un tribunal especializado, según indicaron representantes del Consejo de la UE.
