El alcalde les comunicó que debe ser el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quien fije el importe.
El alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, comunicó ayer a los representantes legales de los tres vecinos colindantes del edificio Rogelia, que la reclamación de una indemnización por no derribar los áticos y trasteros tienen que realizarla vía judicial. El regidor ha tomado esta decisión a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)a finales del pasado año en la que reconocía la inejecutabilidad del derribo, basándose en que afectaría a la estructura de todo el edificio, y que el derribo de parte del edificio dejaba al mismo fuera de la actual normativa de seguridad. Marnotes había manifestado su satisfacción a la vista de una resolución que llegaba tras un litigio de más de una década.
Por aquel entonces, señalaba que a partir de la sentencia, los tres vecinos denunciantes de las irregularidades urbanísticas del inmueble, deberían hacer una propuesta al Concello sobre la indemnización con el fin de llegar a un acuerdo.
PRIMERA SENTENCIA
La referida indemnización es a consecuencia de una sentencia anterior que daba la razón a los tres vecinos sobre un exceso de altura y obligaba al anterior alcalde, Carlos Montes, a demoler la quinta planta, seis áticos y 36 trasteros. Aunque el exregidor había recurrido a la inejecutabilidad de dicha sentencia, el TSXG solamente le dio en parte la razón, anulando la obligación de demoler la última planta pero ratificándose sobre los áticos y trasteros.
Posteriormente, el nuevo alcalde, Argimiro Marnotes, encargaba un proyecto de demolición y diversos informes técnicos, logrando un nuevo pronunciamiento del Tribunal, que admitió la total inejecutabilidad. Ahora, el regidor espera que también sea el TSXG el que determine la indemnización que le corresponderá a los denunciantes. “El actual grupo de gobierno es consciente de que quién ganó este litigio fueron los denunciantes, y por eso tienen derecho a una indemnización que deberá fijar el TSX”, puntualizó Marnotes.
Los tres vecinos ya habían recibido hace aproximadamente un año 18.000 euros como indemnización para evitar también el derribo de la quinta planta, que figuraba en la denuncia junto a los áticos y los trasteros.
Una vez que se consiguió evitar demoler esa planta, el proceso judicial siguió adelante afectando directamente a los áticos y trasteros, pero indirectamente a todo el edificio. El actual gobierno local valoraba el coste económico en más de 2,5 millones de euros entre las obras de derribo y las indemnizaciones a los propietarios afectados directamente y a los restantes ocupantes del edificio por el desalojo temporal para las obras. Argimiro Marnotes considera que finalmente se ha resuelto de forma positiva este proceso, “sobre todo teniendo en cuenta que los vecinos afectados por esta sentencia podrán estar tranquilos al saber que no se va a tener que derribar el edificio donde habitan, que era lo que más nos importaba”. Así mismo señalaba el máximo edil que “ las gestiones realizadas desde alcaldía han permitido al mismo tiempo ahorrar una cantidad más que considerable de dinero a las arcas municipales”.
Ahora serán los denunciantes quienes tendrán que solicitar del TSXG que fije la indemnización a la que tienen derecho.
