El gobierno socialista responsabiliza de lo ocurrido a la gestión que desarrolló el Partido Popular
El proceso iniciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carballiño, mediante el que requiere las declaraciones de 13 policías locales en calidad de investigados, enfrenta ahora al gobierno socialista y al grupo popular por las supuestas responsabilidades que pueda tener cada uno ante una situación que califican como "grave". El portavoz del equipo de gobierno, Adolfo Nogueira, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que "o Concello tomará medidas según vaia resolvendo o Xulgado", asegurando también "que a Policía seguirá desenvolvendo o seu traballo con absoluta eficiencia".
Para hoy está previsto el primer encuentro de portavoces de los grupos municipales desde que estalló la crisis, para abordar el asunto y decidir si el Concello se persona en el proceso como parte afectada. Nogueira cargó contra el portavoz del PP, Argimiro Marnotes, a raíz de las críticas que éste hizo públicas en el sentido de que el gobierno municipal actuaba con "desidia" y no se preocupa de personarse en un problema tan grave para disponer de la información sobre el proceso de primera mano. Adolfo Nogueira lo acusó de "deslealtad política, xa que acordamos que os asuntos de relevancia da Policía Local se tratarían na xunta de portavoces".
El portavoz del gobierno local, también concejal de Seguridad Ciudadana, quiso dejar claro que "a situación da Policía é heredada", puntualizando que la documentación que requisó la Policía Judicial en junio de 2015 corresponde a la tramitación de multas entre el 2009 y el 2014. "Heredamos unha Policía Local enfrentada, escasa de números e con irregularidades frecuentes, que nós imos solucionando".
Nogueira se refirió, además, a la existencia de expedientes del 2012 y 2013 sin resolver y que evidencian los enfrentamientos internos en la Policía. También reconoció que el actual gobierno tiene pendiente un expediente similar, para cuya resolución solicitó un instructor a la Diputación provincial. La institución, no obstante, respondió al Concello que no era de su competencia y, ahora, según indicó el portavoz, están a la espera de que informen los servicios jurídicos, por si es necesaria su paralización, teniendo en cuenta el proceso judicial en marcha.
