Asociaciones vecinales y regidores mantendrán reuniones para decidir si afrontan su reforma
Las asociaciones de vecinos del ámbito rural se mantienen a la expectativa sobre el futuro de los velatorios que promovieron en sus respectivos centros sociales, según manifestaba la presidenta de la federación que los aglutina, Aurora Gómez. Algunos más acondicionados que otros para este fin, pero en su mayoría sin cumplir totalmente con la normativa obligada por el Decreto de Sanidade Mortuoria. Los vecinos tienen en cuenta que en cualquier momento pueden recibir la comunicación de sus concellos, advirtiéndoles de la situación irregular de las salas que han acondicionado para velar a sus difuntos y tampoco descartan que las funerarias se nieguen a partir de ahora a trabajar en sus centros sociales.
Las empresas funerarias son las que están sometidas a sanciones económicas por este motivo, que parten de los 3.000 euros por lo que se considera una infracción grave. Por eso declaraban, entre ellos, Jaime Pérez de Carballiño y Luis Mosquera de Avión, que no pueden seguir trabajando en esos locales a raíz de la notificación que está remitiendo Sanidade a los Concellos y teniendo en cuenta que desde el pasado verano ya shubo tres denuncias que han dado pie a la apertura de expedientes sancionadores contra tres empresas.
La Consellería de Sanidade, al mismo tiempo que recuerda a los concellos su responsabilidad de vigilar por la legalidad, también les informa sobre la posibilidad que tienen esos centros de adaptarse a la normativa vigente, realizando las oportunas reformas.
Algunos alcaldes consideran que es necesario cumplir la ley y otros, por el contrario, han manifestado su descontento, en base a que la Administración pretende romper con una tradición de toda la vida, que empezó velando a los muertos en las casas, que en los últimos años han sido sustituidas por los velatorios y por esos centros sociales. Los vecinos han acondicionado los locales para no tener que desplazar a sus difuntos hasta otros lugares. "Quien hizo la ley desconoce la realidad de Galicia", apuntaba el regidor de Maside, Celso Fernández, mientras otros como Cipriano Caamaño (Boborás), se referían a los perjuicios que ocasiona esta exigencia. En próximas fechas habrá reuniones de alcaldes con asociaciones para decidir si cierran o reforman los locales.
