El alcalde de Melón, Alberto Pardellas, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo por la sentencia de la Audiencia provincial de Ourense que lo condenó el pasado mes de noviembre por el delito de prevaricación urbanística.
El fallo que lo condenó a ocho años de inhabilitación para cargo público, consideraba que el regidor del PP actuó 'con absoluto desprecio' a los controles de legalidad por parte de los organismos públicos cuando en octubre de 2004 autorizó la construcción de un polideportivo municipal en el área de protección del Monasterio de Santa María de Melón, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y en suelo rústico. Y ello pese al reparo formulado por el secretario de ese Concello, advirtiéndole que faltaba la autorización de Política Territorial (septiembre 2004). La sentencia de la Audiencia corregía una anterior del Juzgado de lo Penal 1, que lo absolvía.
Con la presentación de este recurso de amparo al Constitucional al creer vulnerado sus derechos, Alberto Pardellas sigue la hoja de ruta que antes que él había adoptado ya el alcalde socialista de Punxín, Alfredo Cruz Gago, condenado también por prevaricación tras el despido de una trabajadora a pesar de saber que no se ajustaba a la legalidad. Tanto Pardellas como Cruz Gago, además de reclamar el amparo del TC, solicitan de éste la suspensión de la ejecución de la sentencia, circunstancia que, de ser tomada en consideración, les permitirá agotar el mandato por el que fueron elegidos. La suspensión de la ejecutoria en el TC corre paralela a la petición, presentada en el mismo sentido, ante el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense.
Con la presentación de este recurso de amparo al Constitucional al creer vulnerado sus derechos, Alberto Pardellas sigue la hoja de ruta que antes que él había adoptado ya el alcalde socialista de Punxín, Alfredo Cruz Gago, condenado también por prevaricación tras el despido de una trabajadora a pesar de saber que no se ajustaba a la legalidad. Tanto Pardellas como Cruz Gago, además de reclamar el amparo del TC, solicitan de éste la suspensión de la ejecución de la sentencia, circunstancia que, de ser tomada en consideración, les permitirá agotar el mandato por el que fueron elegidos. La suspensión de la ejecutoria en el TC corre paralela a la petición, presentada en el mismo sentido, ante el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense.
