El Juzgado de Ribadavia llamó ayer a declarar por segunda vez a un técnico en calidad de testigo y a tres imputados dentro del proceso iniciado en el 2006 y en el que figura como procesado el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, por presuntos delitos de malversación de fondos europeos, estafa y falsedad de documento público cuando era alcalde de Arnoia.
Bruno Fernández, técnico del Agader, que acudió como testigo, se ratificó en el informe que había emitido sobre la planta de biomasa y de los seis talleres artesanales de los que se certificaron obras para cobrar las subvenciones europeas del plan Leader y que según el técnico no se llegaron a ejecutar. Por aquel entonces, Rogelio Martínez era el presidente de la asociación para el desarrollo local Ceivam, promotora de los proyectos.
La nave había sido construida con anterioridad por la Sociedad Agraria de Transformación O Carballo, que después cedió al Concello de Arnoia. El testigo aseguró que se certificaron obras en la planta que no se ejecutaron.
Además, también comparecieron los técnicos imputados Miguel Reza Pérez y Miguel Reza Paz, como responsables de la redacción de los proyectos de obras. Ambos se acogieron al derecho de no prestar declaración.
Al Juzgado de Ribadavia también acudía el secretario de Ceivam, Pablo Fernández, que es otro de los seis imputados en este proceso en el cobro de subvenciones financiadas por la Unión Europea por valor de más de 51.000 euros. Fernández aseguró que su función era económica y administrativa, que recibía las facturas de los beneficiarios y que comprobaba si se ajustaban a las bases requeridas, pero que no conocía el estado de las referidas obras.
La nave había sido construida con anterioridad por la Sociedad Agraria de Transformación O Carballo, que después cedió al Concello de Arnoia. El testigo aseguró que se certificaron obras en la planta que no se ejecutaron.
Además, también comparecieron los técnicos imputados Miguel Reza Pérez y Miguel Reza Paz, como responsables de la redacción de los proyectos de obras. Ambos se acogieron al derecho de no prestar declaración.
Al Juzgado de Ribadavia también acudía el secretario de Ceivam, Pablo Fernández, que es otro de los seis imputados en este proceso en el cobro de subvenciones financiadas por la Unión Europea por valor de más de 51.000 euros. Fernández aseguró que su función era económica y administrativa, que recibía las facturas de los beneficiarios y que comprobaba si se ajustaban a las bases requeridas, pero que no conocía el estado de las referidas obras.
