La cuantía de las reducciones se duplicará en el casco histórico y oscilará entre el 20 y el 70 por ciento
El Concello de Ribadavia aplica este año por primera vez descuentos en el Impuesto de Construcciones, Infraestructuras y Obras (ICIO) a los negocios que se instalen en locales que es necesario rehabilitar o de nueva construcción, dentro de todo el ámbito municipal. Hasta ahora, únicamente se beneficiaban de este tipo de bonificación las empresas del parque industrial de San Cristovo. Ahora, se amplía a todo el Concello, incidiendo especialmente en el casco histórico en donde se duplican los descuentos.
Con esta medida se persiguen varios objetivos, por un lado la potenciación del comercio y demás negocios en el municipio; también la rehabilitación y modernización de los bajos, especialmente del casco histórico, que no tienen derecho a las ayudas de los planes de rehabilitación de las administraciones que únicamente están destinadas a las viviendas. Por otro lado, se persigue potenciar el casco histórico, en el que funcionan más de una treintena de negocios pero en el que todavía hay bajos disponibles.
El portavoz municipal, Javier Iglesias Sendín, también apuntaba que es una medida dirigida a fomentar el empadronamiento en Ribadavia, ya que los beneficiarios tienen que estar empadronados.
El Concello ingresó de ICIO durante el pasado año en torno a los 70.000 euros. Las nuevas construcciones o rehabilitaciones de inmuebles venían pagando el 2,6% del valor material. Los descuentos dentro del término municipal son del 10% para los negocios con un puesto de trabajo; el 20%, con dos puestos; del 30% con tres puestos; con cuatro puestos será del 40% y con cinco del 50%. En el casco histórico se doblan al 20% con la creación de un puesto de trabajo; al 40% con dos; el 50% con tres; el 60% con cuatro y el 70% con cinco o más trabajadores.
Las ayudas no excederán nunca el 50% del valor del inmueble y será la Junta de Gobierno Local quien las apruebe.
Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud en un plazo máximo de un año desde el remate de las obras, ya sean de nueva construcción o de rehabilitación de bajos, entre otras condiciones.
