El juego de bingo que había clausurado la Policía Autonómica durante el pasado mes de junio en Avión cumplía con los requisitos exigidos por la Ley de Juego de Galicia. Presidencia ha sobreseído el expediente sancionador abierto contra el Concello.
La Dirección Xeral de Interior de la Consellería de Presidencia ha sobreseído el expediente sancionador abierto contra el Concello de Avión por la organización de un juego de bingo. La Policía Autonómica había procedido durante el pasado mes de junio a clausurar el bingo que se desarrollaba cada viernes en las instalaciones del colegio público de este municipio.
El alcalde Antonio Montero Fernández asegura que estaba esperando esta resolución porque la actividad no era clandestina ni estaba fuera de la legalidad. En ese sentido, puntualiza, para empezar, que el juego no estaba organizado por el Ayuntamiento sino por la Fundación Avión, una entidad sin ánimo de lucro que organiza numerosas actividades sociales, entre ellas, el bingo, que había sido demandado por las personas mayores. El objetivo de esta iniciativa, según el regidor, consistía en buscar un momento de entretenimiento a la vez que de encuentro entre los vecinos de las distintas localidades.
Asimismo, señala Antonio Montero que también cumplía con la exigencia de distribuir en los premios todo el dinero recaudado. El Reglamento del Bingo, señala que no se puede apostar más de 30 céntimos en este tipo de actividades, pero la Ley de Juego de Galicia, según matiza el alcalde, no establece esa cantidad, sólo especifica apuestas módicas, y tal y como se reflejó en el acto de la Policía Autonómica, las ganancias obtenidas en una jornada eran de tres y ocho euros por participante. Al respecto, apunta el regidor que da idea del poco movimiento pecuario que se generaba, siendo una actividad de relación social y puro entretenimiento.
A partir de ahí, el alcalde se pregunta por el motivo de la intervención policial, si cumplía con todos los requisitos. Asimismo, afirma que no entiende como la Delegación de Presidencia de Ourense no admitió las pruebas remitidas sobre la responsabilidad de la organización, que recaía en la Fundación Avión y no en el Concello. En consecuencia, fue necesaria una certificación expedida por el secretario municipal haciendo constar que en este Ayuntamiento no existe ningún antecedente ni documental ni contable en relación con la organización de ningún juego de bingo para que la Dirección Xeral de Interior no tuviera más remedio que dictar esta resolución de sobreseimiento del expediente sancionador, concluye Antonio Montero.
PETICIÓN
El regidor quiere saber quién denunció
Antonio Montero afirma que no es la primera vez que sufrimos algo parecido, pues acabamos de recibir también el sobreseimiento de otra denuncia de la Policía Autonómica contra la playa fluvial de Valderías. Acusaron al Concello de intervención ilegal, hasta que las autoridades locales demostraron que las obras ejecutadas y el funcionamiento de las instalaciones eran. Montero lamenta que la Consellería de Presidencia no solicitara información al Concello sobre la posibilidad de una actividad ilegal antes de proceder de una forma injustificada a realizar una intervención policial. Por último, el alcalde afirma que lo único que queda por saber es quién denunció y los argumentos de la denuncia, añadiendo que ya plantearon la petición a la Dirección Xeral de Interior en el mes de agosto, sin recibir contestación. El Concello y vecinos afectados, tenemos derecho a saber, concluyó.
El alcalde Antonio Montero Fernández asegura que estaba esperando esta resolución porque la actividad no era clandestina ni estaba fuera de la legalidad. En ese sentido, puntualiza, para empezar, que el juego no estaba organizado por el Ayuntamiento sino por la Fundación Avión, una entidad sin ánimo de lucro que organiza numerosas actividades sociales, entre ellas, el bingo, que había sido demandado por las personas mayores. El objetivo de esta iniciativa, según el regidor, consistía en buscar un momento de entretenimiento a la vez que de encuentro entre los vecinos de las distintas localidades.
Asimismo, señala Antonio Montero que también cumplía con la exigencia de distribuir en los premios todo el dinero recaudado. El Reglamento del Bingo, señala que no se puede apostar más de 30 céntimos en este tipo de actividades, pero la Ley de Juego de Galicia, según matiza el alcalde, no establece esa cantidad, sólo especifica apuestas módicas, y tal y como se reflejó en el acto de la Policía Autonómica, las ganancias obtenidas en una jornada eran de tres y ocho euros por participante. Al respecto, apunta el regidor que da idea del poco movimiento pecuario que se generaba, siendo una actividad de relación social y puro entretenimiento.
A partir de ahí, el alcalde se pregunta por el motivo de la intervención policial, si cumplía con todos los requisitos. Asimismo, afirma que no entiende como la Delegación de Presidencia de Ourense no admitió las pruebas remitidas sobre la responsabilidad de la organización, que recaía en la Fundación Avión y no en el Concello. En consecuencia, fue necesaria una certificación expedida por el secretario municipal haciendo constar que en este Ayuntamiento no existe ningún antecedente ni documental ni contable en relación con la organización de ningún juego de bingo para que la Dirección Xeral de Interior no tuviera más remedio que dictar esta resolución de sobreseimiento del expediente sancionador, concluye Antonio Montero.
PETICIÓN
El regidor quiere saber quién denunció
Antonio Montero afirma que no es la primera vez que sufrimos algo parecido, pues acabamos de recibir también el sobreseimiento de otra denuncia de la Policía Autonómica contra la playa fluvial de Valderías. Acusaron al Concello de intervención ilegal, hasta que las autoridades locales demostraron que las obras ejecutadas y el funcionamiento de las instalaciones eran. Montero lamenta que la Consellería de Presidencia no solicitara información al Concello sobre la posibilidad de una actividad ilegal antes de proceder de una forma injustificada a realizar una intervención policial. Por último, el alcalde afirma que lo único que queda por saber es quién denunció y los argumentos de la denuncia, añadiendo que ya plantearon la petición a la Dirección Xeral de Interior en el mes de agosto, sin recibir contestación. El Concello y vecinos afectados, tenemos derecho a saber, concluyó.
