El Movemento polos Dereitos Civís informó ayer, a través de un comunicado, que la Agencia Española de Protección de Datos abrió un proceso sancionador por infracción grave contra la Dirección Xeral de Tráfico de Ourense por la instalación de varias cámaras sin ningún tipo de autorización y que vigilaban los alrededores del edificio donde tiene ubicadas sus oficinas.
Las mencionadas cámaras, según explican, fueron instaladas en contra del criterio de los vecinos del inmueble, quienes mostraron su oposición a este proceso, que fue denunciado por el Movemento ante la Delegación de Gobierno de Galicia, sin que éste se decidiera a actuar, algo habitual en esta autoridad.
Para los responsables de esta plataforma es evidente la responsabilidad de la Delegación de Gobierno en los expediente relacionados con la videovigilancia por la inoperancia de esta institución en relación con estos artilugios. Explican, además, que recientemente este organismo comunicó al Consello de Contas que no tiene competencia para autorizar las cámaras, aunque permitió su instalación.
Para los responsables de esta plataforma es evidente la responsabilidad de la Delegación de Gobierno en los expediente relacionados con la videovigilancia por la inoperancia de esta institución en relación con estos artilugios. Explican, además, que recientemente este organismo comunicó al Consello de Contas que no tiene competencia para autorizar las cámaras, aunque permitió su instalación.
