La Audiencia acogerá la vista en la que está acusada de ayudar a un joven a no cumplir su condena
La Audiencia de Ourense ya ha señalado la vista oral para juzgar a la alcaldesa "popular" de Melón,
María Cristina Francisco Vílchez, acusada de ayudar a un joven penado del municipio a eludir una condena
de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito contra la seguridad vial. La cita, fijada para el 5 de noviembre, no es baladí ya que, si prosperan las peticiones de las acusaciones, iría a prisión. El fiscal reclama una pena de cuatro
años y medio de prisión (seis la acusación popular), como pena principal, además de multa de 33 meses multa (24 euros al día). Además de la consiguiente inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.
Junto a ella, compartirán banquillo el supuesto beneficiado, David Pérez Rodríguez, y una administrativa del Concello, Mercedes Lorenzo Durán. Las dos mujeres están acusadas de falsedad en documento oficial y quebrantamiento de condena en calidad de cooperadoras necesarias.
Por su parte, Pérez Rodríguez sólo está imputado por quebrantamiento (el fiscal pide multa de 18 meses a seis euros al día). El caso que se juzgará en el máximo órgano jurisdiccional de la provincia arranca a finales de 2011, a raíz de la denuncia del edil independiente de Ciudadanos de Melón, Emilio Díaz, que ejerce la acusación, por el caso de un
vecino que tenía que realizar 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad en el Concello (tareas de desbroces) tras ser penado por conducir sin carné. No obstante, según el fiscal, la administrativa y la alcaldesa cubrieron y firmaron
los papeles, respectivamente, pese a que el penado no había cumplido un solo día de trabajos en el plan propuesto (entre el 18 de junio y el 27 de agosto).
Según consta en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, la alcaldesa, el 30 de agosto, comunicó que David Pérez había finalizado las jornadas de trabajo el 27 de agosto. Esta comunicación dio lugar a que el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense dictara el 20 de septiembre un auto en el que declaraba extinguida la responsabilidad penal del vecino de Melón.
La regidora mantuvo a lo largo de todo este proceso judicial que actuó legalmente. Según su versión, el condenado
acudía al Concello el día en que tenía que trabajar en beneficio de la comunidad para firmar en el denominado registro de presentación. Ella, según declaró en el Juzgado de Ribadavia, se limitó a firmar el documento que le pasó la administrativa y que recogía su asistencia .
Ahora bien, sostiene el fiscal que tanto la trabajadora municipal como la primera edil "eran perfectamente
conocedoras de que David no había cumplido ni un solo día de trabajos".
La acusación popular intentó añadir al listado de delitos el de prevaricación, pero ni el juez instructor ni el fiscal apreciaron esa infracción penal al entender que la alcaldesa no había dictado actos administrativos a sabiendas de su injusticia.
Entre los testigos que desfilarán por la Audiencia figura un detective privado, la persona que inició la investigación por encargo del edil independiente.
