La última agresión medioambiental en el cauce del río Barbaña, producida entre los días 26 y 28 de enero, ha provocado la apertura de un nuevo expediente sancionador al Concello de San Cibrao incoado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En los análisis de las muestras tomadas durante esos días en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de San Cibrao por parte de la Guardería de Aguas del organismo de cuenca se detectó la presencia de magnesio por encima de los límites permitidos por la normativa de calidad ambiental.
Entre este vertido contaminante y el anterior, también con unos límites de toxicidad por encima de los máximos permitidos por la legislación vigente, tan sólo transcurrió una semana, por lo que los colectivos ecologistas como Adega, Amigos da Terra y Ríos Limpos se muestran escépticos ante la falta de efectividad de las sanciones y ponen el punto de mira sobre las 'deficiencias' de la depuradora. De hecho, la mayoría de las sanciones por daños e indemnizaciones están recurridas por los servicios jurídicos del Concello de San Cibrao, que la oposición nacionalista cifra en un millón de euros.
La última multa en firme a la que tuvo que hacer frente el municipio fue el pasado mes de octubre. Entonces, la sanción se elevó a 76.000 euros más otros 38.000 en concepto de indemnización por daños al dominio hidráulico.
La 'falta de inspección ás empresas' instaladas en los polígonos de San Cibrao y Pereiro de Aguiar es otra de las críticas que sostiene el coordinador técnico de Amigos da Terra en la ciudad, Ángel Dorrío. Una demanda histórica de los ecologistas que se pretende solventar con el sistema de control de vertidos que ha puesto en marcha la Diputación. Entre sus funciones se incluye una serie de auditorías a todas las empresas que vierten sobre el Barbaña para conocer qué productos usan y en qué cantidad. De este modo, explica el jefe del Área de Infraestructuras e Servizos de la Diputación, Javier Bobe, 'valoramos os riscos potenciais de cada empresa para logo poder identificar os posibles infractores'.
El proceso de verificación se prolongará durante los dos próximos meses, durante los que el servicio medioambiental de la institución provincial se reunirá con los distintos empresarios para asesorarlos y revisar las condiciones de las licencias de autorización de vertidos.
La última multa en firme a la que tuvo que hacer frente el municipio fue el pasado mes de octubre. Entonces, la sanción se elevó a 76.000 euros más otros 38.000 en concepto de indemnización por daños al dominio hidráulico.
La 'falta de inspección ás empresas' instaladas en los polígonos de San Cibrao y Pereiro de Aguiar es otra de las críticas que sostiene el coordinador técnico de Amigos da Terra en la ciudad, Ángel Dorrío. Una demanda histórica de los ecologistas que se pretende solventar con el sistema de control de vertidos que ha puesto en marcha la Diputación. Entre sus funciones se incluye una serie de auditorías a todas las empresas que vierten sobre el Barbaña para conocer qué productos usan y en qué cantidad. De este modo, explica el jefe del Área de Infraestructuras e Servizos de la Diputación, Javier Bobe, 'valoramos os riscos potenciais de cada empresa para logo poder identificar os posibles infractores'.
El proceso de verificación se prolongará durante los dos próximos meses, durante los que el servicio medioambiental de la institución provincial se reunirá con los distintos empresarios para asesorarlos y revisar las condiciones de las licencias de autorización de vertidos.
