El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense notificó esta semana un auto con efecto tsunami en la política municipal de Ourense al imputar a toda la junta de gobierno de 2008 por la adjudicación sin publicidad de las obras de la calle Bedoya .
La resolución judicial cita como imputado, entre otros, al actual alcalde, Agustín Fernández, y dos de sus concejalas por un presunto delito de prevaricación administrativa.
A la jueza Alaya el PSOE le reprocha en la prensa de hoy (por el viernes) su ‘afán justiciero'. ¿No teme que también se lo recriminen cualquier día de estos?
Los jueces nos limitamos a aplicar la ley y no vemos sobre qué partido se aplica. Un justiciero es aquel que hace valer sus principios personales sobre la propia legalidad. Y, en mi caso, actúo dentro de la ley.
¿Da muchos quebraderos de cabeza imputar a toda una junta de gobierno con el actual alcalde al frente?
En los temas en trámite no voy a entrar. No es pertinente.
Pues le reformulo la pregunta: ¿Imputar a políticos, por su responsabilidad pública, es una decisión complicada?
Un juez de instrucción tiene quebraderos de cabeza con todo aquello que le llega, desde un mero juicio de faltas donde hay vecinos a los que conoces a una junta de gobierno con cuyos miembros, algunos, tengo amistad o cierta afinidad. Nunca es agradable imputar a alguien.
Primero la ayuda a domicilio y ahora las obras de Bedoya. Dos causas contra el mismo gobierno local. ¿Ha recibido presiones? ¿Alguna injerencia?
Ninguna. Absolutamente ninguna. Sólo tengo palabras de elogio para las personas a las que he imputado. Ni presiones ni desconsideraciones por su parte. Entendería las críticas a una decisión judicial que les atañe pero no los ataques personales, pero le puedo decir que no me ha llegado nada ni he notado ninguna falta de respeto hacia mi persona.
¿Tan siquiera una llamada interesándose por el tema?
Absolutamente ninguna. Ni en estos casos ni en otros como los de las microdepuradoras. Nunca en toda mi carrera he recibido una llamada de un político para sugerirme una resolución de una determinada manera o presionar. Siempre he hecho las cosas en conciencia. También le puedo decir que jamás admitiría una llamada.
¿Teme que su perfil ideológico, por su pertenencia a la APM, sea empleado por la izquierda para cuestionarlo?
La asociación a la que pertenezco es una asociación profesional que no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda. Dentro de la asociación, me limito a defender a mis compañeros y al colectivo. Ante todo, la asociación busca un perfil de juez que sea profesional y técnico. Le puedo decir que no tenemos una relación más estrecha con los partidos de derecha que con los de izquierda. Negociamos con ambos por cuestiones ex- clusivamente profesionales. Yo no soy de derechas ni de izquierdas, sólo soy juez.
Pero siempre se ha vinculado a la APM con posturas conservadoras...
La asociaciones se ligan a la derecha o la izquierda porque tradicional- mente sí que es cierto que los partidos mayoritarios han amparado más a una asociación u otra. Pero la APM llama a todas las puertas, criticamos las leyes vengan de un lado u otro si no nos gustan. Y la verdad es que no nos hacen caso ni unos ni otros (risas).
¿Cree que se abusa demasiado de contratos menores que no están sujetos a mecanismos de control?
Hace tiempo, no tanto ahora, las cosas se hacían con más ligereza, de forma más lasa. Es cierto que hay cosas que no se adaptan adecuadamente a la ley y no sabes bien si es que hay un dolo (intencionalidad) o simplemente una negligencia en la tramitación. Pero ha llegado el momento de que nos adaptemos a la ley porque es la única forma de evitar fines perversos.
En los concellos de esta provincia los concursos públicos sí han brillado por su ausencia. ¿O no?
No he investigado tantas causas para decirlo con esa rotundidad. Sólo le digo que las cosas no se hacían con las corrección que se debiera en ocasiones. Y en esta cuestión sí le quiero significar que una de las cosas que más me fastidia es la imputación de funcionarios en los asuntos que me tocan. Muchos realizan su trabajo lo mejor que pueden pero les acarrea consecuencias derivadas de una manera de trabajar prolongada durante años que no se salva bajo la lupa de la ley.
¿Para favorecer a alguien?
Es reprochable aquello que suponga enriquecerse con el uso de la política, con los contratos públicos, con el uso de la judicatura... Pero en las conductas de prevaricación hay muchos niveles y matices en la manera de actuar, en la responsabilidad de cada uno... No se debe juzgar públicamente con la misma lupa porque no todos tienen la misma culpa.
No entiendo a dónde quiere llegar
Cuando alguien se lleva el dinero o permite que otro lo haga el reproche es absoluto. La prevaricación comienza cuando se dicta una resolución contraria a la ley, pero admite muchas motivaciones. Aunque cometen el mismo delito, no debe tener el mismo reproche quien interviene en la tramitación que aquel que, además, busca lucrarse personalmente con ese hecho. Ambos son delitos pero la reprochabilidad no es la misma en unos que en otros, por- que hay quienes se llevan el dinero y quienes no.
En su despacho también está una causa contra el PP, las microdepuradoras. ¿Aquí no se salva nadie?
Nosotros instruimos denuncias y no vemos ni quién las pone ni a quién va dirigidas. Le insisto en que no voy a hablar de temas que instruyo.
La política debería regirse por el regimen disciplinario de las fuerzas de seguridad. ¿Suspensión de empleo y sueldo al imputado?
Lo que sí tengo claro es que la de- cisión no debe dejarse en manos del juez tal como pretendía el ministerio. Pero no debemos olvidar que, a veces, hay imputación y no hay condena posterior. Yo trato de ser cuidadoso a la hora de imputar a una persona con responsabilidad pública por la repercusión sobre su carrera y persona. Soy partidario, en líneas generales, a esperar a que haya sentencia y exigir responsabi- lidades en el momento de la condena. La imputación recordemos que no es más que llamar a declarar con abogado para que argumente. No es sinónimo de culpabilidad. Ahora bien, dictaminar cuándo se debe dimitir no es fácil.
Dice De Lara, la jueza-azote de los corruptos en Galicia, que con los medios actuales es imposible una actuación eficaz. ¿Lo comparte?
Las causas por corrupción son más complejas y requieren más tiempo pero tenemos la misma responsabilidad en todos los asuntos que nos en- tran en el juzgado, 6000 o 7.000 al año. Necesitamos más medios para llevar los juzgados de otra manera tanto en el procedimiento como más unidades , el expediente digital...
