La prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias en el ámbito político llega hoy a juicio pero en la Audiencia de Ourense. El 'caso de lo Paneles' que comienza a juzgarse esta mañana tuvo importantes consecuencias en el Concello de Ourense ya que provocó la dimisión de un teniente alcalde de la ciudad, Alexandre Sánchez Vidal; un concejal de Infraestructuras (cuando dimitió era teniente alcalde), Andrés García Mata; y el exdirector xeral de Turismo, David Cortón, todos ellos del BNG.
Junto a ellos estarán en el banquillo de los acusados el jefe del servicio de Turismo y Termalismo, Elías Domínguez, y José Omar Bouzo y Daniel Conde, los dos socios que crearon la empresa Afiador Produccións S. L. para lograr la adjudicación, que nunca llegó a formalizarse, de la instalación de cuatro paneles informativos en la ciudad.
El fiscal considera que en 2008 se pusieron de cuerdo para adjudicarle el servicio a Afiador, una empresa que carecía de CIF cuando firmó un contrato que le reportaría 8,4 millones de euros por año.
El caso se destapó cuando el PP alertó de los agujeros que estaba realizando la empresa en la vía pública para comenzar a colocar los citados paneles, a pesar de que no tenían licencia de Urbanismo y había informes de la Policía Local que desaconsejaban la instalación por motivos de tráfico.
El funcionario Elías Domínguez y David Cortón se enfrentan a la petición de condena más grave, cinco años y cinco meses de prisión para cada uno, además de 14 años de inhabilitación para cargo y empleo público.
El PP, quien ejerce la acusación particular, lamentó ayer que 'procesos como o que hoxe comezan non son máis que a consecuencia palpable da falta de talante e transparencia política das que leva feito gala o bipartito dende o seu nacemento'.
El fiscal considera que en 2008 se pusieron de cuerdo para adjudicarle el servicio a Afiador, una empresa que carecía de CIF cuando firmó un contrato que le reportaría 8,4 millones de euros por año.
El caso se destapó cuando el PP alertó de los agujeros que estaba realizando la empresa en la vía pública para comenzar a colocar los citados paneles, a pesar de que no tenían licencia de Urbanismo y había informes de la Policía Local que desaconsejaban la instalación por motivos de tráfico.
El funcionario Elías Domínguez y David Cortón se enfrentan a la petición de condena más grave, cinco años y cinco meses de prisión para cada uno, además de 14 años de inhabilitación para cargo y empleo público.
El PP, quien ejerce la acusación particular, lamentó ayer que 'procesos como o que hoxe comezan non son máis que a consecuencia palpable da falta de talante e transparencia política das que leva feito gala o bipartito dende o seu nacemento'.
