El grupo provincial del PSdeG ha adoptado esta decisión después de que el juzgado de instrucción número dos de Ourense decretase el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones
El grupo provincial del PSdeG en la diputación de Ourense ha anunciado este lunes la presentación de un recurso contra el archivo del caso de las depuradoras, recientemente archivado por un juzgado orensano, y piden que se cite a declarar a los responsables políticos, y que no se hizo hasta el momento.
En un desayuno informativo con los medios de comunicación, el portavoz provincial, Francisco Fraga, acompañado de las diputadas Elvira Lama y Susana Rodríguez, ha reclamado que se cite a los responsables políticos y ha hecho mención expresa al exvicepresidente de la diputación, Rogelio Martínez, como principal responsable en esta causa detrás de la cual ve una "decisión política".
El grupo socialista ha adoptado esta decisión después de que el juzgado de instrucción número dos de Ourense decretase el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones" en el "caso depuradoras", por el cual la diputación provincial adjudicó a una empresa el suministro de 104 depuradoras en municipios rurales, al entender que los hechos habrían "prescrito" y que no han quedado "debidamente acreditados".
En su recurso, los socialistas piden "que se pronuncie la Audiencia Provincial" por entender que "no se entró en el fondo del asunto ni se practicaron todas las pruebas que consideramos importantes", ha explicado Fraga, quien se ha remitido al informe realizado por la Oficina Europea de Lucha Anti-Fraude (OLAF).
Para este grupo, dicho informe evidencia que se siguieron criterios de adjudicación "discriminatorios" y que no eran conformes con normas de contratación pública, por lo que han advertido de que no permitirán que "se eche tierra sobre este asunto".
Los socialistas creen que el exvicepresidente de la institución provincial, Rogelio Martínez, podría estar implicado en el supuesto fraude de fondos comunitarios por lo que quieren que sea llamado a declarar.
El único investigado era el funcionario Javier Bobe.
Para esta formación, la resolución judicial "no contradice ni desvirtúa a lo largo de la instrucción las graves irregularidades detectadas en la contratación que es objeto de investigación" y pide que se cite a Martínez, persona que "tenía pleno conocimiento de esta materia y era el competente".
En esta línea, la diputada provincial, Elvira Lama, ha exigido que "se aclaren los hechos" relacionados con el proceso de adjudicación "irregular y amañado" y que evidencia que la diputación "no sigue los procedimientos habituales de contratación".
Lama ha recordado que esta causa sigue investigada en el Supremo. "No entendemos que, por un lado, Montoro esté reclamando dinero y, por otro, el juzgado de Ourense pretenda archivar la causa", ha esgrimido.
Por su parte, Susana Rodríguez ha precisado que el partido no permitirá que este caso "se quede nada".
La Audiencia Provincial deberá resolver ahora el recurso del PSOE.
